En Octubre de 2012 ocurrieron en Peñarroya Pueblonuevo unos sucesos tan extraordinarios como injustificados: la actual Alcaldesa de Peñarroya, Maria Gil, decidía interponer una denuncia ante la guardia Civil de Madrid dirigiendo contra los anteriores responsables del Consistorio una serie de meras sospechas relacionadas con la localización de dos locomotoras del proyecto Tren turístico del Alto Guadiato.

Decidió formular la referida denuncia ante la Unidad Central de Operaciones de la Guardia Civil en Madrid, comunicando ciertos hechos sobre los que no se había pedido ninguna explicación previa a los anteriores responsables municipales, pese a que la aclaración de tales hechos solo exigía sencillas comprobaciones.

Pues bien: en síntesis, con esa denuncia se volcaban sospechas difusas sobre la localización de dos locomotoras en unos talleres de León y Lleida, afirmando que la cesión de un vagón debió efectuarse con ciertas formalidades administrativas, y que no había motivo para que las dos locomotoras se encontrasen donde se hallaban. Añadiendo la extrañeza de la denunciante, Maria Gil, sobre ciertos detalles administrativos: un error detectado en el registro de entrada correspondiente a ciertos escritos, de lo que deducía, sin justificarlo, que podría existir una modificación ilícita de registros informáticos. Y se agregaban a la denuncia otros factores aislados: al parecer no se encontró la copia de una escritura de compraventa de una Dresina; y se aludía a una subvención que consideraba obtenida engañosamente del Grupo de Desarrollo Rural.

Se trataba de meras conjeturas sin fundamento alguno, pendientes de una elemental comprobación, siendo notorio que el proceso de promoción del tren turístico en Peñarroya nació y se desarrolló con la participación y control de todos los grupos políticos que integraron sucesivas corporaciones, celebrándose los oportunos Plenos corporativos, transitando los correspondientes controles técnicos, autorizaciones de fedatarios e interventores económicos, con las sucesivas aprobaciones de cuentas practicados ordinariamente, sin tacha o reserva de ninguna clase por parte de quienes formaron parte de los grupos municipales a lo largo de los ejercicios económicos.

Como era de esperar, hace muchos meses que terminó la investigación de la Unidad de delitos económicos de la Guardia Civil, sin que se haya podido confirmar ninguna de las sospechas y conjeturas contenidas en la denuncia que se interpuso, aunque ha servido para comprobar que la denuncia debió tener otra finalidad que se ha visto cumplida.

En realidad, no podía existir problema alguno para encontrar la localización de dos locomotoras, o para verificar la causa técnica que justificaba la permanencia en dos talleres conforme a los informes de los técnicos intervinientes. Tampoco era complicado corregir cualquier error meramente administrativo, como pueda ocurrir en cualquier Ayuntamiento de España: basta que el funcionario o responsable lo subsane en forma legal.

Pero la identificación de un mero error no permite deducir una finalidad ilícita o la comisión de irregularidades, y mucho menos de naturaleza penal, como puede comprender cualquier ciudadano con un mínimo criterio bienintencionado

Pues eso mismo ha ocurrido aquí, y debe saberse. Nada podía deducirse razonablemente del contenido de la denuncia para suponer siquiera que nos encontrásemos ante alguna irregularidad. Y además era fácil comprobar la inexistencia de cualquier irregularidad o mero error con finalidad ilícita.


Sin embargo, por razones que se desconocen y que serán depuradas en su momento, la denuncia que interpuso Maria Gil cumplió su propósito, y determinó la detención injustificada de Luisa Ruiz con el registro domiciliario de su vivienda familiar, dando lugar a una profusa investigación patrimonial de todos los miembros de su familia y de sus respectivas actividades.

El daño ya estaba hecho sin justificación alguna: nada se encontró en el domicilio familiar de Luisa Ruiz; nada se encontró en las cuentas y bienes de la familia; ninguna particularidad se detectó en la actividad laboral de todos ellos, sino una perfecta y humilde regularidad patrimonial comprobada pormenorizadamente por los expertos económicos de la unidad especializada de la Guardia Civil, sorprendentemente desplazada y activada pese a la aparente superficialidad y dispersión de la denuncia que articuló la actual alcaldesa de Peñarroya, precisamente contra sus adversarios políticos.

Bastaron los pocos minutos que se invirtieron en la declaración de Luisa Ruiz ante el Juez de Instrucción, después de haber estado detenida e incomunicada más de 60 horas, para que se decretara su inmediata libertad sin medida, fianza o reserva de ninguna clase, respondiendo y confirmando la plena regularidad en los expedientes relacionados con el tren turístico. Las conjeturas y suposiciones no tenían soporte indiciario alguno.

Ocurre que cualquier ciudadano ostenta derechos fundamentales, y entre ellos se encuentra garantizado el Derecho a un proceso con todas las garantías. Se prohíbe así que se lleven a efecto investigaciones prospectivas.

Por desgracia, así ha ocurrido en nuestro pueblo: las investigaciones y comprobaciones policiales abiertas no parecen obedecer a cualquier indicio razonable previo – que no existía, ni se ha encontrado-. Alguien promovió una búsqueda indeterminada porque estaba seguro de que se encontraría cualquier prueba de un delito, confiando en una información previa desviada. No se investigaba para encontrar la confirmación de un delito detectado, sino que se buscaba la prueba de cualquier delito investigando arbitrariamente hasta que se cubriera el objetivo.

Es doloroso lo que puede sucederle a cualquiera si no contamos con un sistema que proporcione garantías fundamentales: no se debe sufrir una investigación penal y personal sin fundamento previo alguno, únicamente porque alguien intuye, quiere o necesita encontrar algún indicio delictivo. De tal modo que cuando no se ha encontrado nada, al investigador sólo le queda la continuación de una búsqueda arbitraria e inquisitiva que terminará únicamente cuando se culmine con un hallazgo satisfactorio para el represor. Parece imperativo encontrar el delito que se busca.

No puede entenderse fácilmente que desde la comunicación de unos hechos inconsistentes y dispersos contenidos en la denuncia originaria que activó Maria Gil ante la Guardia Civil de Madrid, se haya producido la auditoría generalizada del Ayuntamiento de Peñarroya Pueblonuevo, de la familia de Luisa Ruiz, y de buena parte de los responsables y técnicos en la etapa en que el Ayuntamiento de Peñarroya se regía por los adversarios políticos de la denunciante.

Así, en vista de que no se ha producido hallazgo de interés tras las exhaustivas comprobaciones patrimoniales y registros practicados a la investigada y su familia, lo procedente hubiera sido proclamar tales resultados y la condición intachable de los investigados. Y sin embargo, las investigaciones de la Guardia Civil se han desviado, sin que conste el razonamiento que lo permita, hacia una serie de líneas que no parecen guardar conexión alguna con los comentarios dispersos de la denuncia originaria: se constituye la búsqueda generalizada practicándose una criba abierta de la gestión de los responsables y técnicos en la anterior etapa política. Resultando finalmente una detenida investigación dispersada sobre siete áreas que parecen identificadas prospectivamente o por meras conjeturas. De tal modo que junto a las comprobaciones relativas al proyecto ferroviario ( Tren turístico del Guadiato) se han expandido otras que no parecen guardar conexión originaria, como las que alcanzan a los Proyectos de Ingeniería vinculados a la Arquitecta municipal; a las obras en accesos al Polígono Industrial Los Pinos; a Compras de terrenos en El Cerco con fondos IRMC; con los trabajos en la Mina Santa Rosa; el Club Polideportivo Peñarroya; o bien con los servicios urbanísticos Polígono de Vega Cerrillo.

Lo cierto es que durante más de dos años de Instrucción procesal y pese al estallido mediático producido y la evidente consideración que ha merecido desde el inicio y por ahora para el Juez, la situación procesal se ha petrificado sin que se haya apreciado iniciativa procesal sustancial alguna.


La frustración y la demora procesal se amplifica con otra importante realidad extraprocesal: del mismo modo que se propagaron convenientemente las falsas irregularidades y pérdidas incurridas –como se vino informando- por el equipo gestor que rigió la anterior etapa en el Ayuntamiento, nadie se ha preocupado de difundir lo que ha resultado tras las minuciosas averiguaciones económicas internas, dado que no parece del interés de los actuales dirigentes que el pueblo de Peñarroya Pueblonuevo conozca que no se ha encontrado tacha alguna en las cuentas examinadas. Muy por el contrario, lo que se ha verificado es la perfecta regularidad de las cuentas y ejercicios económicos formulados por el anterior equipo rector, sin excepción o reserva alguna.

Es necesario mantener la debida confianza institucional, confiando en que estos sucesos obtengan satisfacción judicial con la correspondiente restitución moral. Aunque el tránsito procesal no puede impedir que los ciudadanos de nuestro pueblo conozcan lo ocurrido y su verdadero propósito. No está ahora en juego la responsabilidad judicial de quienes actuaron indignamente. Se ventilan los valores superiores que han sido mancillados sin escrúpulo alguno: la verdad y honestidad del responsable público ganados durante largos años de dedicación honrada, discreta y fiable.
Así se sabe, y así se conocerá.

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