Carmen se casó con José en 1965, dos años después de que él comenzara a trabajar en Rocalla. Durante años, ella trabajó en el hogar que compartían. Entre otras faenas, lavaba la ropa de su compañero. Hasta 1984, Rocalla, que entonces ya había sido absorbida por Uralita, no estableció medidas para que el vestuario de buena parte de la plantilla fuese lavado por empresas que conociesen el riesgo de las pequeñas fibras que quedaban adheridas a la ropa. Ya era tarde para Carmen, que murió en 2011 a causa de un mesotelioma metastásico, un tipo de cáncer relacionado con aquellas pequeñas fibras de amianto, el material que durante años su marido cargó y descargó para Rocalla, una de las empresas que se lucró en el Estado español con la fabricación de compuestos fabricados con este grupo de minerales.
Una sentencia del juzgado número 14 de lo Social de Barcelona ha dado la razón a José y condenado a Uralita a pagar 86.000 euros de indemnización por la muerte de Carmen. Es sólo uno de los pleitos planteados por extrabajadores de fabricantes de amianto –en Castell¬defels, Cerdanyola, Sevilla o Getafe–, o por empresas que han trabajado con amianto, como Renfe, Seat, Airbus o Michelin. Los procesos, interpuestos por el Col.lectiu Ronda de Barcelona, la Asociación de Víctimas del Amianto, la asociación vasca Asviame o CGT, tratan de romper el silencio en torno a lo que este sindicato considera la mayor tragedia laboral e industrial de todo el siglo XX. Según la CGT, en España morirán a causa de la exposición al amianto unas 100.000 personas. De ellas, 50.000 fallecerán en los próximos 40 años.
CGT presentó en noviembre un escrito a la Seguridad Social para que el Estado reconozca mediante un real decreto el impacto sociolaboral que ha tenido el amianto. Este sindicato pide pasos para el reconocimiento del derecho a coeficientes reductores a la hora de la jubilación, así como que se diriman las responsabilidades de las empresas que se beneficiaron del empleo del amianto, un material cuyos impactos sobre la salud se conocen desde finales del siglo XIX. La histórica sentencia que sentó en el banquillo a los “señores del amianto” en Italia, los multimillonarios propietarios de la empresa Eternit, es un horizonte para que se lleve a cabo un proceso similar en España, reconoce Paco Puche, un militante ecologista especializado en los efectos de este mineral.
Silencio administrativo
El Ministerio de Empleo aún no ha respondido al escrito de CGT. El silencio rodea lo relacionado con el uso de este mineral. “La característica principal de esta plaga es que la gente no sabe casi nada sobre ella”, afirma Puche. Las enfermedades asociadas a ella pueden tardar en manifestarse entre 15 y 40 años. En el caso de la ciudadanía expuesta a las fibras de amianto, es posible que nunca lleguen a reconocerse las enfermedades causadas por la presencia de microfibras de asbestos. En este sentido, Puche resalta una causa interpuesta por la Fiscalía de Valladolid contra la empresa Reyal Urbis por el abandono incontrolado de la fábrica de Uralita en esa ciudad.
En el caso de las personas que en algún momento de su vida trabajaron con amianto, Puche señala que el mayor peligro es la rápida prescripción. “Desde que un enfermo sabe que está enfermo hasta que prescribe su posibilidad de reclamar no puede pasar más de un año”, explica. El sufrimiento de los enfermos y sus familiares, a menudo, pasa también por la Administración. La Seguridad Social no admite el origen profesional de muchas enfermedades. El 90% de las enfermedades por amianto no se declaran en los registros de salud. Pero, señala Puche, aunque el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo reconozca el origen profesional, las mutuas de trabajo llevan ese dictamen a los tribunales para no pagar. Para Puche, el modelo francés, donde se ha creado un fondo de compensación sufragado por el Estado y las empresas, es una medida que se debe tomar para evitar “el calvario de Seguridad Social, mutuas y juicios” en que se convierten los últimos años de las víctimas del amianto.

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