La Junta de Andalucía estudia seguir los pasos del Gobierno del Principado de Asturias y reclamará al Gobierno central los algo más de 23 millones de euros que suprimió el Ejecutivo en 2011 para la comarca cordobesa del Guadiato, pertenecientes a los fondos Miner y que ya estaban comprometidos dentro del plan 2006-2012.
Así lo ha anunciado, en declaraciones a Europa Press, el delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Córdoba, José Ignacio Expósito, quien ha señalado que "la paralización de estos fondos ha supuesto un perjuicio social y económico importante para una zona con altos índices de paro".
Por eso, según ha subrayado, "el Gobierno andaluz emplazará al Ejecutivo nacional a asumir y ejecutar las cuantías previstas", teniendo en cuenta la reciente sentencia de la Audiencia Nacional, sobre el derecho a la percepción de los fondos Miner, que ha sido favorable al Gobierno autonómico asturiano y que, en opinión de Expósito, "pone de manifiesto el incumplimiento por parte del Gobierno de España con las cuencas mineras de Córdoba" y de otras zonas de España.

Esta decisión judicial, según ha indicado Expósito, "sentaría una jurisprudencia a la que el Gobierno andaluz ha decidido acogerse para acudir a los tribunales y solicitar los fondos Miner que siempre ha reclamado porque entendía que ya estaban comprometidos y que eran necesarios en una comarca como la del Guadiato". Expósito ha recordado que dicha sentencia obliga al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a abonar los fondos acordados con el Principado de Asturias, alegando que no puede anular convenios de obras firmados justificando falta de recursos, sino que tendría que haber realizado una mejor planificación.
En este sentido, el delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha dicho que "se abre una oportunidad para que la Justicia anule las decisiones injustas tomadas por parte del Gobierno del PP", al mismo tiempo que ha manifestado que la Junta de Andalucía "siempre ha defendido los intereses de los ciudadanos y más en territorios como el Guadiato, que necesitan de un impulso excepcional para salir de la situación de crisis en la que está asumida la comarca desde hace muchos años".
El responsable territorial ha explicado que con los algo más de 23 millones de euros pendientes de cobro "se pretendían financiar infraestructuras industriales, la urbanización de polígonos, la construcción de naves y la mejora de conducciones eléctricas, además de otros proyectos que buscaban dinamizar la economía de la zona".
Esta misma sentencia en primera instancia fue apelada por el gobierno del PP y votada en el senado dicha apelación, nuestra senadora y alcaldesa voto a favor de la apelación, con esa votación iba en contra de los intereses del Guadiato y en especial sobre los intereses de su pueblo, ahora el Constitucional ha dado la razón al gobierno del Principado de Asturias

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