Según el BOE, en su página 146.615, del 31 de diciembre del 2011, la Iglesia católica española, que es una institución privada, recibirá mensualmente del Estado español la cantidad de 13.266.216,12 euros (es decir, más de 2.200 millones, al mes, de las antiguas pesetas). La cantidad anual asciende a 159.194.593,44 euros. Sin duda, cifras astronómicas para esos ciudadanos comunes que tienen que malvivir con 400 euros al mes, o para los jubilados y pensionistas que, tras toda una vida trabajando, sobreviven miserablemente con 500 o 600 euros mensuales, en muchos casos como únicos ingresos para una familia.
Sorprende, además de la enormidad de las cifras, la fecha en que se dispuso este acuerdo; apenas días después de formalizado el nuevo gobierno, tras el triunfo de la derecha el 20 de noviembre pasado. Y sorprende sobremanera que esta disposición se hiciera firme para dos años que están siendo, y lo que venga, de grave crisis, de inhumanos recortes sociales y de intensa “austeridad presupuestaria”. La austeridad, como vemos, se constriñe únicamente a los ciudadanos que trabajan, o han trabajado, a los enfermos, a los ancianos, a los pensionistas, a los funcionarios, a los niños y jóvenes en edad escolar,…porque, según constatamos, para otros ámbitos la crisis y la austeridad no existen.
En ese mismo Real Decreto, que contiene tan “mesurada” asignación de los españoles a sus consejeros espirituales, se estipula asimismo que la Iglesia católica seguirá estando exenta del pago del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) en virtud del Concordato entre el Estado Español de 1953 y 1979 que le otorgaron sus actuales y desmesurados privilegios, tanto a nivel económico, como político y jurídico. Teniendo en cuenta que la Iglesia católica es la mayor propietaria de suelo y bienes inmuebles del país, aparte del propio Estado, resulta curioso cómo el gobierno del PP renuncia a la recaudación multimillonaria que el gravamen de esos inmuebles le reportaría a las arcas públicas, mientras recorta de manera indiscriminada los derechos más básicos de los ciudadanos, quienes son, finalmente los que llenan esas arcas.
Y sorprende, igualmente, que precisamente los que más predican y exigen pobreza, templanza y austeridad y, es más, rechazan en sus arengas las miserias diabólicas de lo material, se afanen tanto, y con tanta intensidad, en recabar dineros. No parecen seguir en la Iglesia católica los dogmas que imponen a las personas, sino, al contrario, parecen actuar justamente del modo contrario a ése con que sermonean a sus fieles y adeptos; adeptos que serían quienes deberían, por lógica y justicia, financiar su confesión, y no todos, y menos el Estado. Porque la espiritualidad, que no es ideología o no debería serlo, es asunto personal y privado, y cualquier injerencia en estos asuntos es, además de una simple y soberana falta de respeto a la libertad individual, una clara vulneración de los derechos humanos.
Se trata, en cualquier caso, de sólo una de las grandes contradicciones que evidencian el afán manipulador de los miembros del gobierno cuando repiten incesantemente que “no hay dinero” para justificar el expolio que estamos viviendo. Pero es un buen ejemplo representativo de la doble moral que el partido del gobierno emplea, y del trasfondo ideológico que subyace tras sus decisiones y actuaciones políticas. Olvidan que están en el poder representando a la ciudadanía, y que es, o debería ser, la ciudadanía el objeto primero y último de los intereses de su gestión. El resto es confesionalismo, si no teocracia, sectarismo y vulneración de la Constitución democrática, que estipula, al menos en teoría, que España es un país oficialmente aconfesional; ¿quién lo diría?

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