En el mes de diciembre de 2008 el Periódico de Peñarroya-Pueblonuevo publicó el artículo “Derecho de inasistencia a clase por decisión colectiva del alumnado”, cuyo autor fue Miguel Calderón (Director adjunto del Periódico). Todo el escrito giraba en informar a los ciudadanos sobre el procedimiento a seguir por el alumnado para poder ejercer el derecho de inasistencia a clase por decisión colectiva. En el I.E.S. “Alto Guadiato” se informó a la Junta de Delegados del procedimiento a seguir el día anterior a la “huelga” del día 13 de Noviembre, por lo que no tenían posibilidad de ejercitar su propuesta de inasistencia a clase. La propuesta tiene que realizarse con una antelación mínima de tres días a la fecha prevista. La huelga había sido convocada por el Sindicato de Estudiantes en protesta por el plan Bolonia. Asimismo en el artículo se ponían de manifiesto irregularidades en el procedimiento sancionador del I.E.S. Alto Guadiato. Así por ejemplo al alumnado que no siguió el procedimiento legalmente establecido se le impuso la corrección de no participar en las actividades extraescolares programadas para el primer trimestre. La normativa vigente contempla la suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por el periodo máximo de un mes. Esta corrección sólo se aplica en las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, por ejemplo: agresiones físicas, amenazas, injurias u ofensas,….
Sorprendentemente después de la publicación del artículo la Delegación Provincial de la Consejería de Educación de Córdoba abrió expediente a Miguel Calderón. El resultado final fue la imposición a Miguel Calderón de la sanción de apercibimiento por la comisión de una falta leve (La incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados). Miguel Calderón recurrió a la propia Delegada Provincial de la Consejería Educación en Córdoba, la cual mantuvo la sanción. La Delegación reconocía que no existía incorrección alguna en el artículo periodístico y que su autor era buen conocedor de la normativa educativa. Además reconocía que en el artículo señalaba un posiblemente acertado diagnóstico de la equivocada aplicación de la normativa educativa por parte del Equipo Directivo del Centro. Sin embargo sancionaba por no haber comunicado a la Dirección del Centro y a la Delegación las posibles irregularidades en el procedimiento corrector abierto al alumnado. El Periódico de Peñarroya-Pueblonuevo ha aumentado el número de lectores, pero todavía no disponemos de punto de venta en Córdoba y tampoco lo enviamos a la Delegación Provincial de Educación. ¿Cómo se enteraron entonces del artículo periodístico? A buen entendedor, pocas palabras bastan
Posteriormente Miguel Calderón interpuso un recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Delegada Provincial de la Consejería de Educación. El Juez ha estimado que no puede ser incorrección el no comunicar a sus superiores la norma legal, pues la obligación de todos ellos es conocerla y si el recurrente la expone en un artículo periodístico no sirve más que para darla a conocer a todos los ciudadanos. La obligación del que impone la sanción es conocer el procedimiento que debe seguir y no sancionar a un inferior, por no haberle comunicado lo que es público y tiene el deber de conocer. La sentencia estima el recurso interpuesto por Miguel Calderón y anula la resolución sancionadora de la Delegada Provincial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por no ser conforme a Derecho.
La reciente sentencia es buena para la democracia. Los alumnos, sus padres, muchos profesores, todos los trabajadores del Periódico de Peñarroya-Pueblonuevo y la sociedad en general del Valle del Guadiato han recogido la noticia con una enorme alegría. Otra pregunta importante queda en el aire ¿Se ha iniciado procedimiento sancionador contra quien impuso las sanciones a los alumnos al margen del procedimiento legalmente establecido? Seguiremos investigando.

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