La naturaleza no comete errores, la humanidad sí. Estamos ante una novedosa avanzada de circunstancias imprevistas e imprevisibles a las que este país, por andar remolque de otras sociedades de las llamadas del “bienestar,” se suma a sus errores sin asumir los fracasos.

El “problema” de la longevidad se contempla desde un punto de vista económico, contemplando al pensionista como improductivo, sin tener en cuenta su aportación a las arcas públicas durante toda su vida laboral.
En el caso de las pensiones en España, las causas del error son tan garrafales como este mismo: la reducción del número de trabajadores por pensionista, el aumento de la esperanza de vida y la caída de la natalidad. Evidentemente todos proceden, del “Viva la Virgen”, el ánimo de lucro de los gobiernos, y sobre todo la falta de planteamientos y previsión. Estos factores afectan especialmente a nuestro sistema de pensiones por ser de reparto en vez de la capitalización. Dicho de otra manera, lo que recibe un pensionista cada año lo financian las cotizaciones de los empleados de ese mismo año, lo que dependerá de la presión fiscal que los contribuyentes acepten sobrellevar.

Este último es de bulto. Los gobernantes creen que el montante de lo aportado por los contribuyentes lo deciden ellos. Olvidan que quienes pagamos impuestos y contribuciones tenemos dos formas de resistirnos: si la fiscalidad es muy alta reducimos nuestra actividad productiva aumentando el tiempo de ocio; y eludimos el impuesto aplicando ingeniería fiscal o escondiéndonos en la economía sumergida. La situación sería muy distinta si los jubilados vivieran de lo que han acumulado e invertido: sus ahorros habrían sido y serían productivos, lo que aumentaría la riqueza nacional, incluso para quienes ya no trabajan.

Prueba de que lo que digo es cierto es que el Gobierno, con el apoyo de los diputados reunidos en la Comisión del Pacto de Toledo, se ha visto forzado a recortar los beneficios del sistema para “hacerlo sostenible” – hermoso eufemismo. No otra cosa que un recorte, es el retraso de la edad de jubilación de los 65 años a los 67, aunque la medida se aplique paulatinamente a lo largo de 15 años. También son recortes respecto del sistema actual el desligar el monto de la pensión y la inflación, la exigencia de 37 años de cotización en vez de 35 para acceder a la pensión máxima, y la ampliación del período sobre el que calcular la pensión de 15 a 25 años. En el mismo sentido van otros cambios, como son la obligación de cotizar por remuneraciones en especie y la elevación de la edad mínima para cobrar pensión los jubilados voluntarios; no digo que estas pequeñas corruptelas no deban ir corrigiéndose, sino que de hecho equivalen a una reducción de las prestaciones del “seguro” público".

Y para no resultar politizado o politizante, he de calificar como erróneas las actividades sanitarias que no ralentizan el envejecimiento si no que se especializan en que tardemos en morir, creando un subgrupo social de ancianos en tratamiento permanente, con el gravamen que supone.

En fin, como dijo en una ocasión Antonio Gala: “Si se echa a la naturaleza por la puerta, termina entrando por la ventana”.

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