Hoy día la Sociedad adorna como con una especie de halo de romanticismo a ciertos individuos que, en puridad, son simplemente unos ladrones porque se apropian, sin derecho alguno, de un bien que de ninguna manera les pertenece.
Están consideraos como unos Robín de los Bosques, que se apoderan de lo ajeno para aprovecharlo bien en uso propio o para disponer de la cosa que no es suya para que otros la disfruten.
Dentro de esta calaña de individuos nos encontramos con dos clases:
Quienes, amparados en una necesidad, aparente o real, usurpan una vivienda de otro; y esas organizaciones bien estructuradas que se dedican a buscar domicilios deshabitados, para introducir en ellos, mediante el cobro del correspondiente peaje, a familias que posiblemente no tengan un techo bajo el cual guarecerse.
En cualquiera de los dos, casos no deja de ser un depredación patente, manifiesta incontrovertible, que priva a su legítimo dueño de una propiedad que le corresponde con justo título.
Pero no se trata de que estos desalmados se apropien de viviendas que puedan estar vacías, desocupadas y sin uso aparente de forma temporal, y que sus propietarios las dedican a alquilarlas para, con el dinero que les proporcionen, poder llevar una vida más holgada, o les ayude para completar su escasa pensión
También se han dado casos realmente sangrantes en los que los dueños de una única vivienda que habitan han salido de ella a efectuar algún quehacer, y cuando han vuelto, se han encontrado que dentro hay unos individuos que se han hecho dueños de ella y no los dejan entrar.
La Ley actual que se ocupa de estas situaciones es bastante laxa y, poco más o menos, un galimatías. Los trucos de los que se valen estos desalmados son casi infinitos que hacen más difícil aún la aplicación de la Justicia.
España es el único país de la UE en el que recuperar una vivienda usurpada se puede convertir en una odisea, por la cantidad de trabas y dificultades legales que tiene que superar el propietario para recuperar lo que le pertenece. En Francia o Inglaterra, la acción de la policía es inmediata y perentoria, pues ni siquiera necesitan autorización judicial si tiene sospechas de que una vivienda está siendo ocupada ilegalmente, para expulsar de la misma al usurpador.
España es diferente ¿verdad? porque lo realmente desalentador es que haya no solo partidos políticos que lo apoyen, sino componentes del Gobierno que justifican este latrocinio.
A quienes admiten este robo quisiéramos ver cómo reaccionarían si al llegar a su vivienda, en algunos casos, verdaderos palacios, encontrasen que hay en ella unos inquilinos no deseados. Para Pablo Iglesias por ejemplo, defensor de este gran perjuicio, no hay motivo de preocupación pues tiene un buen nutrido grupo de policías nacionales defendiendo su mansión.
Recientemente el Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado la iniciativa pactada por Ciudadanos, PP y Vox que planteaba varias modificaciones legislativas para endurecer las penas contra quienes ocupan inmuebles ilegalmente, agilizar su recuperación por parte del propietario y garantizar la protección de las familias en situación de vulnerabilidad habitacional.
Lo que proponían Ciudadanos, el PP y Vox era instar al Gobierno a diseñar mecanismos legislativos para que los casos de ocupación ilegítima o usurpación se puedan resolver a través de un proceso sumario que permita recuperar la vivienda, el inmueble o el edificio en menos de doce horas, como hemos visto que ocurre en Francia e Inglaterra.
¿Hay cosa más justa que pedir que se promulgue una ley que permita a una persona recuperar el bien que le pertenece en el plazo de tiempo más breve posible?
En España, ya vemos que no.

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