Está a punto de cumplirse el aniversario de la violación en grupo de una mujer por parte de unas personas, algunas de las cuales, forman parte de instituciones que los ciudadanos y ciudadanas pagamos, para que nos defiendan y apliquen las leyes que nos hemos dado a través de nuestros representantes.
Por esto, quiero dar a conocer la indignación que siento, y más todavía, al ver que algunos hombres, mujeres e incluso quienes formando parte de las instituciones encargados juzgar estos comportamientos, los justifican, sin querer ver la realidad y ponerse en el lugar de quienes los sufren, diciendo que la víctima disfruto, ¿No será que son ellos y ellas, los que disfrutan con el sometimiento y el sufrimiento ajeno?
¡Ya está bien de actitudes patriarcales! ¡Ya está bien de la educación Judeo-Cristina inculcada en la educación religiosa presente en nuestro subconsciente, heredada de las enseñanzas de “La Torá” y El Antiguo Testamento, en que se trata a la mujer, en múltiples ocasiones, ¡como un ser inferior!
Ya está bien de perpetuar actitudes y comportamientos repetidos durante siglos, y de los que seguimos teniendo noticias a diario en cualquier lugar del mundo.
En la Edad Media, los señores feudales tenían el derecho de pernada, recogidos en múltiples obras literarias. Entre ellas "La Catedral del Mar", y, sobretodo, en "Fuenteovejuna"; un pueblo situado a 18 km. del mío. Los Señores Feudales, en el colmo del sadismo y para evitar cualquier intento de reclamación, caso de haber descendencia, obligaban a mantener relaciones sexuales a la desposada con su marido después, en presencia de testigos.
Los ejércitos, incluso en la actualidad, violan a las mujeres del enemigo, como signo de supremacía y sometimiento, cuando no las convierten en esclavas sexuales como hace "Boko Haram" además de marcarlas con su descendencia de por vida. ¡Qué muestra de orgullo y hombría!
Una muestra más de cómo ha sido considerada la mujer, incluso hasta hace pocos años, lo tenemos en nuestro país con la figura llamada "Uxoricidio", del Código Penal Español vigente hasta poco después de 1961.
Uxoricidio es el asesinato de la esposa por parte del marido. Del latín uxor (esposa), cida - caedere (matar - asesino)
A principios del siglo XX al igual que ahora, el uxoricidio se achacaba al machismo y sobre todo a la negación del hombre ante la emancipación de la mujer y sus libertades. La diferencia es que aquellos tiempos no son los de ahora y todo ha cambiado demasiado afortunadamente. El régimen franquista permitía el "uxoricidio por causa de honor".
Pero el uxoricidio iba acompañado de otras muchas injusticias y privaciones hacia el sexo femenino.
Anteriormente, en la Constitución de 1931 de la Segunda República, por primera vez en la historia se establecía el artículo 25 que: "No podrán ser fundamento de privilegio jurídico, el nacimiento, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas y las creencias religiosas" y aprobó el sufragio femenino, diciendo en su artículo 36 que: "Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de 23 años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes". Aunque hubieron muchos debates en las Cortes, gracias a Amelia Valcárcel y Clara Campoamor pudo ser posible.
También desaparece en la Constitución de 1931 el uxoricidio, pero duraría muy poco tiempo.
En el artículo 57 sigue diciendo: "el marido debe proteger a la mujer y esta obedecer al marido", lo que supone la inferioridad de la mujer y en cambio, la autoridad marital, origen de desgracias y violencia de género.
Pero una de las injusticias más sorprendentes fue el empeoramiento de la situación jurídica de la mujer con la promulgación del Código Penal de 1944 por el régimen franquista, en el que se la consideraba un objeto de posesión masculina, símbolo del honor familiar y crisol de los valores sociales dominantes, volviendo a reincorporar el llamado "uxoricidio por causa de honor" que se había suprimido del Código republicano.
Uxoricidio era un delito que constituía un total y auténtico privilegio al hombre en defensa de su honor, por lo que podía matar, lesionar a su esposa sorprendida en flagrante adulterio o a la hija menor de veintitrés años mientras viviera en casa paterna y fuera sorprendida en análogas circunstancias.
En cambio, el adulterio por parte del hombre era considerado amancebamiento. La ley de 11 de mayo de 1942 reconsideró punible tanto el adulterio como el amancebamiento y así pasó al Código Penal de 1944, que en su artículo 449 dice que: "Cometen adulterio la mujer casada que yace con varón que no sea su marido y el que yace con ella sabiendo que es casada, aunque después se declare nulo el matrimonio". En el artículo 452 dice que para que haya delito hace falta que: "El marido tuviera manceba dentro de la casa conyugal o notoriamente fuera de ella". Lo que significa que la mujer es castigada y una "canita al aire" del hombre no era ningún delito.
El "Uxoricidio por causa de honor" se mantuvo en vigor hasta la reforma del Código Penal y aprobación de la ley 79/1961 de 23 de diciembre, pero no sería hasta la aprobación de la Constitución de 6 de diciembre de 1978, cuando se produjera el reconocimiento de los derechos, igualdad y libertades de todos los españoles, hombres y mujeres. Su famoso artículo 14 proclama la igualdad de todos los españoles ante la ley - sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo o religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Con estos antecedentes, aún son muchos los hombres y alguna mujer, los que justifican algunas situaciones discriminatorias de ellas, frente al hombre, como si la hembra no fuese un ser humano igual que el macho y tuviese que someterse a éste en ciertas circunstancias, por ser considerada inferior.
¡Ya está bien de considerar a la mujer un objeto de placer cuando le interesa al hombre!
¿Tanto sentimiento escondido de inferioridad tienen quienes cometen estos actos, como para tener que emplear la fuerza en lugar del amor, para conseguir placer, satisfacer un instinto primario y perpetuar la especie de esa manera?
Quienes así actúan, no son personas ¡Son bestias con el cerebro dañado!
Por eso, para demostrar nuestro desprecio, y siguiendo la sugerencia de una amiga, quiero proponer que la iniciativa surgida en Pamplona, de que, en el día del aniversario, las mujeres lleven una camisa







LA TITULARIDAD DE LA SOBERANÍA NACIONAL.
En nuestro país, estas últimas semanas, se están viviendo ejemplos de que cuando los titulares de la Soberanía Nacional ¡El Pueblo! se moviliza, es escuchado y consigue lo que pide, por considerarlo justo.
Cómo ejemplos: las movilizaciones de los pensionistas, las peticiones respecto a la igualdad de la mujer y, más recientemente, la reforma de la tipificación penal de los delitos sexuales a la mujer.
En ocasiones anteriores, hemos dicho que se debemos ser conscientes de que la democracia somos nosotros, y que, sin el pueblo, la democracia no existe. Los ciudadanos y ciudadanas somos su sustento, somos quiénes la alimentan, la costea y la sostiene por medio de sus votos, el pago de impuestos y los políticos a quienes paga para que defiendan sus intereses y aspiraciones.
El pueblo es el patrono o, como se dice modernamente por algunos políticos que siguen las consignas del Poder Económico, (lo de "patrón" tiene malas connotaciones) el empleador de los políticos y, como tales, debemos exigirles el cumplimiento de sus programas electorales.
Si nos detuviésemos a reflexionar fríamente, llegaríamos a la conclusión de que esto es así, y, por tanto, aplicando el principio de la productividad imperante y que se utiliza por las empresas a sus trabajadores, el pueblo debe aplicar a sus representantes (sus trabajadores). ¿No es lógico que los titulares de la soberanía nacional, que eligen a sus representantes y les pagan confiando en su buen hacer y en que cumplirán las promesas realizadas durante la campaña electoral, no puedan (lo mismo que tienen reconocido los empleadores) revocarles el mandato dado, y no, como ocurre en la actualidad, verse obligados durante el periodo de la legislatura, a pagarles y dejarles disfrutar de sus privilegios sin poder despedirles, dejando en manos de la oposición (otros trabajadores con sus privilegios) el poder exigirles responsabilidades, con el riesgo de que esa exigencia no se haga siempre según los intereses de los ciudadanos, y si en base a los intereses del partido.
Durante los últimos años, al menos en España, estamos teniendo sobrados ejemplos de que muchos políticos anteponen sus intereses y los del partido al de quienes les pagan y son mayoría.
Si el pueblo, que es el empleador y quién paga a los políticos, mediante el Poder Legislativo, ve recortados sus derechos, mientras, sus representantes, crean privilegios para sí mismos y se blindan ante las protestas ciudadanas (un ejemplo: la conocida como "Ley Mordaza"), debemos preguntarnos:¿Es ético o justo penalizar, cuando no criminalizar, las muestras de descontento de los titulares de la Soberanía Nacional, cuando estos intentan dar a conocer su desacuerdo con la actuación de sus representantes?
Se debe desechar la idea de que, con elegir a los representantes, en democracia, ya es suficiente. Los ciudadanos y ciudadanas, son soberanos, y como tales, además de elegir a quienes les representan, se les deben controlar sus actuaciones y exigir responsabilidades, no solo en Campaña Electoral ¡Si no de continuo!, Lo contrario es desentenderse de los intereses propios, y dejarlos en manos de los otros, sin la necesaria supervisión.
¿Alguien se imagina a un empresario dejar a sus trabajadores (después de contratarles y pagarles un sueldo para realizar una tarea), la realización de la misma a su total discreción?
Quizás una muestra de las consecuencias de dejar absolutamente al criterio de los políticos que nos representan o gobiernan la toma de decisiones y no ejercer un control eficiente sobre ellos, sea lo puesto de relieve hace unos días por los magistrados que han redactado la sentencia condenatoria a la primera pieza de La Trama Gurtel, poniendo de relieve el aprovechamiento, por parte de los condenados, de los puestos representativos, conseguidos directamente o indirectamente a través de los políticos designados por los ciudadanos, para conseguir su propio enriquecimiento.
En ella se da como hechos probados, entre otros: Que el Partido Popular, desde al menos desde el año 1989, ha disfrutado de "una estructura financiera y contable paralela a la oficial" que servía para "entregar cantidades a personas miembros relevantes del partido", niega que las donaciones de dinero negro de empresarios fuesen altruistas, si no que tenían "un marcado carácter finalista, en tanto en cuanto es una manera de pagar favores, o la contrapartida, por adjudicaciones irregulares de contratos". Y, lo que es más demoledor, al hacer referencia a los testimonios de dirigentes del partido, y del mismo Presidente del Gobierno, dice "se pone en cuestión la credibilidad de estos testigos, cuyo testimonio no parece como suficiente verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la Caja B del partido".
Ahora, después de todo esto, los representantes del partido, quieren deslegitimar uno de los mecanismos democráticos de control y desalojo de un partido político del gobierno cuando este no cumple con las condiciones para las que fueron elegidos, diciendo que este mecanismo "perjudica los intereses de España", como si fuese un partido político quien tiene, en exclusiva, el derecho a decidir cuál es el interés general.
El creer que la defensa del interés de un país, la ostenta en exclusiva un grupo de personas, y no la totalidad de los representantes del pueblo elegidos dramáticamente, demuestra una actitud poco democrática, y yo diría que más bien fascista.
Estos que así hablan, deberían leer con más detenimiento los apartados 1 y 2, del artículo 1.º de nuestra constitución que establecen:
1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
Creo que, a muchos y muchas políticos y políticas de nuestro país, les vendría muy bien, antes de pretender darnos lecciones a los ciudadanos y ciudadanas, aprenderse mejor las disposiciones de la Constitución Española, en lugar de repetir las consignas de los dirigentes de sus partidos que, por lo que parece a raíz de lo que se está saliendo a la luz, tienen una cultura que deja mucho que desear para poder impartir lecciones de según que cosas.












EL PROBLEMA CATALÁN

El llamado “Problema Catalán”, ha entrado en una espiral en la que no se vislumbra un final claro.
Tanto nuestro gobierno (que, aunque no cuenta con mayoría suficiente, tiene el apoyo de Ciudadanos a la hora de ejercer las acciones de gobierno), está llevando a cabo, con ayuda de algún juez demasiado estricto, ¡es mi opinión! aunque no soy el único que piensa así (existen numerosos artículos de opinión que también lo hacen), está llevando a término, digo, una política de recurso estricto a la ley, sin tener en cuenta que los problemas políticos nunca se han solucionado de forma duradera, sin aplicarles soluciones políticas apoyadas, eso sí, en las leyes.
Para entender como hemos llegado hasta aquí, es bueno recordar cómo se inició todo. Y todo se inició con una recogida de firmas y posterior recurso del partido actualmente en el gobierno, y entonces en la oposición, ante el Tribunal Constitucional, contra el Estatuto de Cataluña, votado y aprobado por los catalanes. Dicho recurso, termino cuatro años más tarde, con la declaración por parte del referido tribunal, de ser inconstitucionales catorce de sus artículos. Unos de forma total y otros parcialmente.
Esto, propicio el acrecentamiento del número de ciudadanos y ciudadanas partidarios de la independencia de Cataluña en el electorado catalán, al estimar que desde España no se respetaban los sentimientos y deseos del pueblo catalán y, además, lo expoliaba al ser la comunidad que más recursos aportaba al estado y la que ¡por el contrario! menos recibía de todas las comunidades. Este sentimiento de descontento, fue estimulado, tanto por Esquerra Republicana, como por algún partido tradicionalmente de derecha y sustentado por la burguesía catalana.
Un radicalismo, que se fue incrementando con la llegada al gobierno central del Partido Popular, el cual con una mayoría absoluta y sin necesidad de apoyos para gobernar, se negaba continuamente a cualquier negociación, tanto con los demás partidos del arco parlamentario estatal, como con el Gobierno de la Generalidad, que además de estar apoyado por Esquerra Republicana, se apoyó en un partido formado por los llamados “antisistema”, La CUP.
Espoleado el gobierno catalán, por Esquerra y la CUP al no conseguir ningún tipo de concesión de las reivindicaciones que hicieron llegar al gobierno central, plantearon al electorado la necesidad de conseguir la independencia y la constitución de una República Catalana que estaría plagada de ventajas, vendiendo a la ciudadanía una especie de paraíso que buena parte creyó. Esta intransigencia por ambas partes, ha conducido a la situación actual, en la que las dos no cesan de lanzarse acusaciones continuamente, lo que, de continuar así, la solución será difícil de encontrar.
El gobierno central debería flexibilizar su postura y, por otro lado, los partidos independentistas catalanes, sobretodo PDeCAT (actualmente Junts pel Si) y Esquerra suavizar sus posturas (con la CUP es imposible) dejando de lado las acusaciones de anti-demócratas y fascistas, así como de saltarse continuamente la Ley.
Es necesario que las dos partes realicen una reflexión sobre los comportamientos realizados hasta la fecha, para conseguir sus objetivos forzando las leyes, con tal de lograrlos: Los independentistas, cambiando varias veces el reglamento del Parlament, incluso con informes en contra de los letrados del mismo, para aprobar las leyes que les permitiesen llegar a la proclamación de la República Catalana; un objetivo vetado por nuestra constitución, y forzando con ello al gobierno central a utilizar el mecanismo previsto constitucionalmente para evitarlo. Otra cosa es, si el gobierno se ha extralimitado o no en su aplicación, pero para decidir sobre ello, existen mecanismos jurídicos que lo pueden aclarar, tanto en España, como en los tribunales europeos.
Cuando los independentistas catalanes dicen que el gobierno español no ha respetado lo decidido por los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña mayoritariamente, olvidan que el gobierno central también fue elegido por los ciudadanos y ciudadanas, por lo tanto, cuenta con la misma legitimidad. Por otra parte, las leyes, cuando son promulgadas, nacen con vocación de vigencia y de ser respetadas por todos y dotan de mecanismos, para que cuando alguien se niega a respetarlas sea obligado a ello, mediante el uso de la fuerza si es necesario.
Ciertamente, en los países democráticos, las leyes emanan del pueblo, y el pueblo tiene el poder y el derecho cambiarlas mediante los cauces establecidos. Pero cuando los cauces no se respetan, y el objetivo marcado al intentar cambiarlas no se consigue, quienes lo intentaron, deben aceptar las consecuencias de sus actos y no realizar descalificaciones tachando de antidemocráticas las consecuencias cuando, estas consecuencias, se promulgaron siguiendo los cauces establecidos.
¿Qué democracia sería aquella que no contase con los mecanismos necesarios para que sus leyes pudieran ser conculcadas por quien lo estimase oportuno, sin sufrir las consecuencias de ello, cuando se promulgaron de forma genérica, con anterioridad y por los cauces ordinarios establecidos, y no cuando ocurren los hechos a los que se aplican?
Por otra parte ¿Está legitimado un grupo o partido político, para autotilularse defensor de la democracia, cuando nombra presidente a alguien con numerosas declaraciones anteriores que demostraban autoritarismo y xenofobia?
Es necesario serenidad y cordura por ambas partes, para recuperar el dialogo político para solucionar un problema que, seamos razonables, manteniendo unas posturas rígidas y recurriendo continuamente al uso exclusivo de la ley ¡Jamás se podrán solucionar!



LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA

Algunos de nuestros políticos, a lo largo de sus vidas parlamentarias, han dado sobradas muestras de importarles más los intereses propios y del partido que cumplir con el mandato recibido de los ciudadanos y ciudadanas. Dándose el caso, además, de que realizan declaraciones y algún discurso que otro, intentando dar a los electores una interpretación tergiversada de las leyes, siempre favorable a los intereses del partido, como si los electores fuésemos niños de EGB en materia política.
Esto me hace llegar a la conclusión de que piensan que tenemos un desconocimiento supino en materia de Derecho Político y Constitucional en los temas que nos afectan, o que, por el contrario, son ellos los que se encuentran en política sin apenas saber del tema, por falta de valía para el campo privado y estar dispuestos a seguir las consignas de sus jefes de fila y, como los loros o las cacatúas, repetir hasta la saciedad lo que les han dicho que digan.
Digo esto, a la vista de algunas frases y consignas escuchadas últimamente (aunque no es exclusiva de ellos) a integrantes de los partidos de la derecha: “Han llegado al poder sin los votos de los ciudadanos” “Ha conseguido la presidencia en base a un Golpe de Estado”, como si lo acontecido no estuviese recogido y perfectamente regulado en nuestra Constitución:
Art. 101.1- El Gobierno cesará tras la celebración de elecciones generales, en los casos de perdida de la confianza parlamentaria previstas en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su presidente.
Art. 116.1- El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta, de la moción de censura.
Art. 114.1- Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, este presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación del Presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99.
Art. 99.1- Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda (la Moción de Censura es uno de ellos) el Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos Parlamentarios con representación parlamentaria, y a través del Congreso de los Diputados, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.
Art. 99.3- Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorga su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.
Esta y no otras, son las formas de nombramiento del Presidente del Gobierno en nuestro país (tal como ocurre en todos los países con sistema político parlamentario), que, por otra parte, es el sistema mayoritario en los países democráticos de occidente, excepto en Estados Unidos y, con matices en Francia, en que el sistema es presidencialista, (en los que existe una separación rígida de poderes), y en que el Presidente es a la vez Jefe del Estado y Jefe del Gobierno.
Además, en este último sistema, el presidente es elegido por sufragio universal, y él, una vez tomada posesión, nombra a sus ministros o secretarios, pero al contrario que en los sistemas parlamentarios, estos no constituyen un organismo colegiado.
Por eso, debemos afirmar que, tanto en el caso de nombramiento del Presidente del Gobierno, después de las Elecciones Generales, como en el caso de una Moción de Censura, no son los ciudadanos quienes designan directamente al Presidente del Gobierno. Por el contrario, son sus representantes (los parlamentarios elegidos), quienes lo eligen mediante sus votos en sede parlamentaria, y (aunque no suela ser lo habitual) pueden elegir al del partido que haya obtenido más votos y diputados en las elecciones generales o no, en el caso de ponerse de acuerdo los partidos con representación parlamentaria, cuando no existe un partido con mayoría absoluta. Y, una vez elegido, lo nombra formalmente el Rey, en las monarquías, o el Presidente de la República, en el caso de las Repúblicas.
Por tanto, descalificar el nombramiento de un presiente del gobierno, mediante la Moción de Censura, no es otra cosa que el recurso, cuando menos, a la pataleta de quienes la perdieron y sus sustentadores ¡por no decir otra cosa!, pues los parlamentarios (como representantes de todos los electores), están capacitados constitucionalmente, para exigir responsabilidades al gobierno y a su jefe, dentro de cada legislatura. Pues, no poder hacerlo sería otorgarle un poder absoluto y sin responsabilidad durante toda la legislatura, lo que es contrario al control por parte del electorado, que debe ejercerse durante todo el tiempo, que es el fundamento de los sistemas parlamentarios.
Los partidos políticos que participan legalmente en la vida política de un país, deben atenerse a la legislación constitucional del mismo y respetarla, mientras carezcan del respaldo suficiente para cambiar los preceptos que el pueblo considere obsoletos. Lo contrario es un intento de confundir y manipular a los electores, para conseguir los fines que interesan al partido de forma espuria, y al margen del interés del pueblo al que dicen representar.
Ahora, parece que, los representantes de algún partido y quienes les apoyan, quieren deslegitimar uno de los mecanismos democráticos de control y desalojo de un partido político del gobierno, cuando este no cumple con las condiciones para las que fueron elegidos, diciendo que este mecanismo "perjudica los intereses de España", como si fuese un partido político quien tiene, en exclusiva, el derecho a decidir cuál es el interés general.
El creer que la defensa del interés de un país, la ostenta en exclusiva un grupo de personas, y no la totalidad de los representantes del pueblo elegidos dramáticamente, demuestra una actitud poco democrática, y yo diría que más bien fascista.
Estos que así hablan, deberían leer con más detenimiento los apartados 1 y 2, del artículo 1.º de nuestra constitución que establecen:
1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
Creo que, a muchos y muchas políticos y políticas de nuestro país, les vendría muy bien, antes de pretender darnos lecciones a los ciudadanos y ciudadanas, aprenderse mejor las disposiciones de la Constitución Española, en lugar de repetir las consignas de los dirigentes de sus partidos que, por lo que parece a raíz de lo que se está saliendo a la luz, tienen una cultura que deja mucho que desear para poder impartir lecciones de según qué cosas.

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