La alcaldesa de Belmez, Aurora Rubio (IU), ha dado a conocer que la sección 4 de de la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional se ha declarado competente para conocer el recurso interpuesto para que el Instituto para la Reestructuración de las Comarcas Mineras, para hacer efectivo el convenio para la compra del suelo del futuro recinto agroganadero, por un importe de 600.000 euros.
Rubio mostró sus satisfacción con esta decisión y precisó que es “una extraordinaria noticia que nos permite seguir avanzando en el procedimiento judicial iniciado, al objeto de conseguir, en el marco de la legalidad vigente, que la justicia resuelva el conflicto suscitado por las decisiones políticas adoptadas por el Gobierno del Partido Popular en relación al impago de convenio para la adquisición del terreno Recinto Agrotecnológico, con claro perjuicio al Ayuntamiento de Belmez. Esperamos que este buen principio sea el preludio de un final feliz para nuestro pueblo”.
A principios de junio el Ayuntamiento de Belmez interponía el contencioso administrativo en la Audiencia Nacional. Este fue el último pasado dado desde el consistorio tras no recibir del Ministerio de Industria una respuesta al requerimiento previo.
La alcaldesa belmezana indicó una vez interpuesto el contencioso que las dos partes se sentarán a negociar un posible acuerdo para el pago del convenio, y si hay una fecha concreta para efectuar el pago no tendrían inconveniente en retirar el contencioso.
La regidora informó durante la última sesión plenaria, al resto de miembros de la corporación, del paso dado.
Esta decisión se tomó tras reunirse con el bufete de abogados de Madrid que durante este tiempo ha estado estudiando el caso, un encuentro en el que también estuvieron presentes concejal de IU Juan José Díaz y el portavoz del PSOE en el consistorio José Porras.
La alcaldesa señaló que está decisión ha sido consensuada por todos los grupos y están el convencimiento de que es la decisión correcta.
Rubio indicó que tras el encuentro con el jurista que va a llevar el caso, Santiago Muñoz Machado, Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid, este les transmitió que hay fundamentos suficientes como para dar la razón al consistorio en este litigio, “hay jurisprudencia y hay muchas posibilidades, el caso está en un nivel superior al resto de los convenios al ser un proyecto ejecutado y justificado con la documentación cumplimentada”.
La alcaldesa avanzaba que a parte del pago van a solicitar al Ministerio daños patrimoniales y las costas del proceso.
Rubio precisó que uno de los puntos a los que se acogen para no hacer efectivo el pago del convenio es que en 2011 se volvió a iniciar la tramitación del mismo convenio, aprobado con anterioridad, para su liquidación en ese mismo año, solicitándose nuevamente los informes preceptivos. Además se fiscalizó la propuesta de gasto y se remitió a la Junta de Andalucía y a Belmez para su firma, previa a la del Presidente del Instituto y a la fiscalización definitiva del compromiso de gasto. El convenio firmado se recibe el 20 de diciembre, pero debido al cambio en la Secretaría de Estado no se pudo firmar dentro del ejercicio de 2011.

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