La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba ha rechazado los recortes a los empleados y empleadas públicos que pretende aplicar la ONCE en Pozoblanco y que afectará a 40 trabajadores y trabajadoras vendedores del cupón, siendo trasladados administrativamente al centro de Córdoba. Además, el sindicato denuncia la extinción “por causas objetivas” del contrato fijo del trabajador con categoría profesional de auxiliar administrativo. Estos traslados de centro de trabajo conllevan que para cualquier trámite laboral que tengan que hacer con la empresa los trabajadores y trabajadoras deberán desplazarse a más de 100 kilómetros.
CCOO, considera que la ONCE, de conformidad con su regulación legal (RD 358/1991 y modificaciones posteriores) es una corporación de derecho público, naturaleza social y sin ánimo de lucro que tiene la concesión de parte de la explotación del juego público para el cumplimiento de su misión social de atención a las personas con discapacidad visual en su rehabilitación, educación, integración laboral y social. Por tanto, los afiliados y afiliadas ciegos y con deficiencias visuales, mas de 170 en Pozoblanco, igualmente deberán desplazarse a Córdoba para recibir atención personalizada, con lo cual la acción social que presta la ONCE se verá restringida en estos casos por razones de movilidad y el perjuicio sobre estas personas será considerable, ha reseñado la organización sindical.
Según la central sindical, la agencia de Pozoblanco, cuyo cierre tendrá lugar con efectos del 1 de julio de 2012, atiende a personas afiliadas a la entidad en las comunidades del Alto Valle del Guadiato y Pedroche, zona muy amplia que abarca toda la parte norte de Córdoba. Ante esta situación, desde CCOO se ha denunciado que los cierres de los centros de la ONCE, están basados exclusivamente en motivos económicos, cuando la ONCE es una entidad de prestación de servicios sociales hacia su colectivo y la sociedad en general, que quedan vulneradas con esta decisión, debiendo facilitarles toda la atención”. De hecho, el Estado subvencionó a la ONCE en 2011 con unos 80 millones de euros para atender a sus afiliados, según explica el sindicato.

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