El Portavoz del Partido Popular en Diputación, Luis Martín, ha mantenido un encuentro con los representantes de la plataforma de damnificados por el retraso de la electrificación rural.
Martín avanzó que su grupo ha presentado una moción en la Diputación de Córdoba para que se dé a conocer el estado en el que se encuentran los proyectos de electrificación rural que cumplen la normativa y que va a pasar con la cuantía económica que aportaron aquellos que aportaron el dinero que se les pidió y que luego no cumplían la normativa.
Además indicó que han solicitado toda la documentación de los proyectos para saber qué es lo que se ha hecho hasta ahora.
La portavoz de la plataforma de damnificados por el retraso de la electrificación rural y alcaldesa de Belmez Aurora Rubio IU, señaló que esta reunión se encuadra dentro de la solicitud que hizo la plataforma para reunirse con los grupos políticos de Diputación. Rubio avanzó que esperan reunirse con Izquierda Unida en los próximos días al igual que con el diputado de Acción Territorial, Antonio Ramírez, y están a la espera de que Endesa les confirma una reunión para analizar la situación de los proyectos.
La portavoz de la plataforma indicó que hay responsabilidad política en este asunto ya que ha pasado bastante tiempo desde que en 2004 se dieron los primeros pasos para llevar a cabo la electrificación rural de Belmez, y ha dado como plazo para que se empiece a dilucidar algo de esta situación antes de que empiece la campaña electoral, además avanzó que de avanzar la situación, la plataforma va a estudiar medidas más contundentes como podría ser una manifestación de todos los afectados a las puertas de Diputación.
Rubio destacó que el compromiso del equipo de gobierno con los afectados es total, y prueba de ello es que dentro de las líneas de ayuda que ha habilitado el ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, cuya titular es la ex alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, van a solicitar subvenciones para estos proyectos de electrificación rural.
Los afectados por el retraso en la puesta en funcionamiento de los proyectos de electrificación rural, llevan desde 2004 a la espera de que se les dé una solución y que aquellos que no cumplen la normativa se les devuelva los 700 euros que aportaron en su día.

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