El alcalde de Belmez, José Porras, junto al parlamentario nacional, Antonio Hurtado y parte de la corporación del mandato 2011-2015, analizaron la sentencia de la Audiencia Nacional favorable al consistorio, en el contencioso por el pago del convenio Miner del recinto agrotecnológico, valorado en 600.000 euros.
Al acto faltaron los ediles de IU, que en esa fecha formaba el Equipo de Gobierno, con Aurora Rubio como alcaldesa, que declinaron asistir al acto, según informó el alcalde.
Porras se mostró satisfecho de la sentencia de la Audiencia Nacional que da la razón a Belmez, en el contencioso por el pago del convenio.
Porras quiso dejar claro que esta sentencia es un triunfo de la corporación anterior y de todo el pueblo de Belmez.
En cuanto a la sentencia en sí, el alcalde dijo que “la sentencia especifica que estima en parte, este en parte no lo tenemos muy claro y suponemos que como se solicitaba el pago de los 600.000 euros más los intereses, esto lo habrán desestimado y considera que el Ministerio de Industria sólo tiene que hacer frente al pago de los 600.000 euros. Respecto a lo que puede pasar ahora solo queda la posibilidad de que firmen el convenio y paguen, que sería lo más acertado, o que recurran, que esperamos que no lo hagan”.
El Ministerio dispone de diez días desde la recepción de la sentencia para recurrir, de no ser así, Industria debe hacer frente al pago antes de que finalice el año.
Porras quiso dejar claro que la cuantía del convenio solo puede estar destinada a un fin, que es el pago de la compra del suelo del recinto agrotecnológico, y que solo quedarían los 200.000 euros que adelantaron al propietario del suelo a través de un pagaré de los que hay que deducir el pago de las costas del juicio y de los servicios jurídicos que han representado los intereses del Consistorio.
Sobre la ausencia de IU en este acto, el alcalde afirmó que “en el momento que leo la sentencia se lo comunique a los portavoces de IU y PP y le planteo la posibilidad de dar una rueda de prensa en la que estemos presente los concejales de la anterior corporación y a todos les pareció una buena idea, y no hacer comunicados previos, nuestra sorpresa fue como cinco minutos después ya estaban colgado en las redes sociales, dejando en duda la labor que tanto PSOE como PP hicimos durante la protesta, esto ha provocado malestar y confusión entre los vecinos. No entiendo la postura de IU ya que sigue tratando de confundir al ciudadano diciendo que PSOE y PP estamos en contra de IU, cuando eso no es así, nosotros antes y ahora nos hemos mantenido en nuestro sitio, sabiendo el lugar que teníamos que ocupar y considero que en la actualidad, a la portavoz de IU, Aurora Rubio, lo que le pasa es que no sabe el sitio que ocupa, si se celebra un acto en el que ella no es la organizadora, no está de acuerdo con lo que los demás hacemos”.
Por su parte el portavoz del PP en el anterior mandato, Ángel María Pérez dijo que, “mi postura fue que nos correspondía el dinero, que la situación del cambio de gobierno lo había frustrado y que nosotros debíamos seguir reclamando, pero la forma de hacerlo era lo que me mantenía distante del resto de grupos, yo dije que la acampada no ayudaría en nada y que lo que podría hacer era entorpecerlo. Esto es la victoria de algo que en justicia nos correspondía, por tanto, lo único que espero es que el Ministerio sea sensible y no apele la sentencia y se nos pueda dar ese dinero rápido que nos permite disponer de parte de una cuantía y el resto es para pagarlo al propietario”.
El parlamentario socialista, Antonio Hurtado dijo que se trata de una magnífica noticia y que es la segunda sentencia en contra del Ministerio de Industria por la supresión de los Miner, la primera fue la del Principado de Asturias y la segunda es la de Belmez. Hurtado alertó que en el caso de Asturias el Gobierno Central recurrió, lo que supuso un retraso de seis meses, pero que al final la Audiencia Nacional dio la razón al Gobierno Asturiano. Hurtado dijo que “no es el momento de quererse poner medallas y que esto no se ha conseguido por la acampada sino que se ha conseguido en los tribunales”.
Hurtado también incidió en que la cuantía de este convenio solo se pude destinar al pago del suelo del recinto agrotecnológico, “sino el Gobierno Central pediría el reintegro ya que sería un fraude administrativo”.

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