La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía ha aprobado iniciar la convocatoria del mayor concurso de minería organizado en la comunidad autónoma desde diciembre de 2014, fecha en la que se informó sobre la convocatoria de un macroconcurso con 367 derechos sobre unas 250.000 hectáreas que incidiría en todas las provincias.
En esta ocasión son noventa y nueve los derechos que salgan a concurso, repartidos por 79 municipios fundamentalmente de las provincias de Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla, aunque también se verán beneficiados otros cuatro de Cádiz y Granada, ya que los derechos tramitados ocupan parcialmente territorio de estas provincias.
El delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Manuel Carmona, ha explicado que la provincia de Córdoba es la que más derechos y más hectáreas saca a concurso “37 derechos y 34.200 hectáreas que se repartirán por 25 municipios de la provincia”. Según apunta Carmona las razones que llevan a convocar ahora un concurso de estas características son la reactivación paulatina de la economía, “que progresivamente se irá reflejando en un incremento de la actividad en obra pública y construcción, y para ello requerirá materiales (fundamentalmente áridos y roca ornamental) de los que Andalucía y Córdoba cuenta con buenas reservas. Además, si la investigación se concreta en explotación de algún o algunos yacimientos, se generarían puestos de trabajo en zonas rurales duramente castigadas por la crisis”.
Los municipios guadiateños por donde se distribuyen los derechos mineros son Espiel, Fuente Obejuna, La Granjuela, Valsequillo y Villaviciosa de Córdoba.
La convocatoria se realiza por resoluciones de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, haciéndose públicas las mismas por las distintas Delegaciones Territoriales de la Consejería.
En conjunto, la superficie global afectada asciende a 81.600 hectáreas, de las que unas 34.200 corresponden a municipios cordobeses; 10.123 a la provincia de Jaén: 9.436 a Málaga y 27.816 a Sevilla.
La adjudicación de un permiso para investigar cualquier derecho minero debe hacerse siguiendo los preceptos establecidos en la Ley 22/1973, de 22 de Julio, de Minas. De acuerdo con esta norma, estos trabajos sólo pueden realizarse sobre terrenos que resulten francos porque hayan caducado derechos anteriores y siempre mediante concurso público.
Otro factor importante es el avance que todo concurso supone hacia una reorganización más efectiva de los yacimientos mineros andaluces, en virtud de los objetivos reflejados primeramente en el Plan de Ordenación de los Recursos Minerales de Andalucía 2010-2013 (PORMIAN), y más tarde en la Estrategia Minera 2020. El efecto más importante incide en la actualización del Registro Minero de Andalucía, que pese a los esfuerzos realizados en las dos últimas legislaturas aún presenta ciertos desfases de carácter administrativo heredadas de épocas anteriores (en ocasiones, desde el siglo XIX).
Por último, la convocatoria de todo concurso incide en un mayor y mejor conocimiento de la realidad minera andaluza. Estas fases de estudio no sólo permiten impulsar una actividad económica, sino también generar un volumen informativo que sirve a todos: a la Administración para tomar decisiones y planificar; a las empresas para estimar las posibilidades económicas de un yacimiento concreto, y a las Universidades e investigadores para obtener un conocimiento básico que les facilite su trabajo.
A partir de ahora, gracias a este concurso público, la superficie global que ha salido a concurso en Andalucía durante las dos últimas legislaturas, 2012-2015, y 2015 hasta hoy, supera las 740.000 hectáreas, mientras que la cuantía global de derechos mineros puesta a disposición de los investigadores ronda los 1.140.