La formación política EQUO apoya el encierro que están llevando a cabo en el Hospital Provincial los miembros del Colectivo de Afectados por la Hepatitis C y familiares de Córdoba para exigir el acceso a los nuevos medicamentos para todos los afectados y no sólo una parte como pretende el Ministerio de Sanidad.
Tras el anuncio por parte del Ministerio de Sanidad de tratar sólo a 7.000 pacientes de hepatitis C en el próximo año 2015 con el nuevo medicamento frente a los como mínimo 30.000 enfermos existentes según los especialistas y la Asociación Española para el Estudio del Hígado, sólo cabe pensar en la falta de sensibilidad y falta de respeto de este Gobierno para con los afectados y sus familiares.
Para Pepa Bonilla coportavoz de EQUO Córdoba “es necesario que se garantice el derecho básico a la vida y a la salud de la ciudadanía por encima de cualquier tipo de recortes en Sanidad y que se frene la especulación de las multinacionales farmacéuticas a costa del dinero público”. Comenta además que “es muy grave la falta de voluntad política para que los fármacos tengan un precio ajustado a la realidad, y para resolver la exclusividad del sistema de patentes que permiten que las empresas farmacéuticas realicen chantaje al Gobierno cuando la vida de las personas están en juego”
El coportavoz provincial de EQUO Diego Rodríguez recuerda al nuevo Ministro de Sanidad que “en el ejercicio de la política la prioridad son las personas, que con la salud no se juega y que deben de atender a todos los afectados por igual y sin excepción ya que si son costosos los tratamientos y la medicación existen muchas partidas innecesarias y suprimibles en los presupuestos que permitirían financiar su coste”. También añade que “lamenta que hayan hecho público un menor número de afectados para intentar justificar los pacientes que en el 2015 van a ser atendidos por el Ministerio de Sanidad”
EQUO exige a la Junta de Andalucía y al Gobierno del PP que defiendan la salud de las personas, financien los tratamientos para todos los pacientes sin excepción alguna a pesar de su elevado coste y mantenga y dote a la investigación pública de recursos e investigadores en materia de salud para evitar que estos adelantos y las patentes de los medicamentos no estén en exclusividad en manos del sector privado y deriven en unos precios desorbitados e inasumibles para los ciudadanos y el Gobierno.