Unas 500 personas tanto de Belmez, como de otros municipios del Guadiato estuvieron presentes en la cacerolada organizada por el Ayuntamiento de Belmez en las inmediaciones de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, dónde los concentrados han protagonizado una ruidosa manifestación por más de dos horas y media frente a las puertas de la Subdelegación del Gobierno, como medida de protesta por el impago del convenio Miner. La cacerolada comenzó alrededor de las 11,00h de la mañana, para finalizar al filo de las 14,00h.
La alcaldesa belmezana, Aurora Rubio (IU), junto al portavoz del PSOE, José Porras, mantuvieron un encuentro con el asesor del Subdelegado, Carlos León, ya que Primo Jurado no se encontraba en las instalaciones de la Subdelegación.
El encuentro sirvió para entregar un manifiesto redactado por el consistorio belmezano para un reparto justo de los Fondos Miner.
Tras el encuentro, Rubio dijo lo que le han trasmitido, que desde la Subdelegación se van a hacer todas las gestiones posibles para que la reunión con el Gerente del Instituto para la Reestructuración de las comarcas mineras se produzca antes de que termine el mes, e incluso avanzó que esta reunión podría tener lugar la próxima semana.
La regidora volvió a agradecer el apoyo mostrado por los ciudadanos de Belmez, así como de ciudadanos de otras localidades del Guadiato, y volvió a acordarse de los alcaldes del PP del Guadiato, María Gil, José Antonio Fernández e Isabel Cabezas, de los que dijo que les ha echado de menos en este periodo.
Coincidiendo con los cincuenta días que la corporación municipal lleva acampada en las inmediaciones de la Subdelegación del Gobierno, Rubio dijo que no se van a mover hasta que tengan el documento que garantiza el pago de los 600.000 euros del convenio Miner para la compra del recinto agrotecnológico, a pesar de que el subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo, ha anunciado un proceso sancionador económico por ser un "acto prohibido".
La alcaldesa se ha mostrado sorprendida por tal decisión y su disconformidad con la posible multa por ocupar un jardín urbano.