La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, ha ofrecido una rueda de prensa para explicar la decisión del Gobierno de España de financiar el bombeo de emergencia del embalse de Sierra Colada hacia la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Sierra Boyera para garantizar el suministro de agua en los municipios de la Sierra Norte de Córdoba, en concreto los municipios afectados del Valle del Guadiato y los Pedroches.

La subdelegada del Gobierno ha traslado a los medios que la solución de bombear el agua de un embalse a otro se determinó, en una reunión con técnicos de Emproacsa, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y de la Junta de Andalucía, como única solución de emergencia para poder llevar provisionalmente el agua hasta que concluyan las obras de la Junta de Andalucía entre La Colada-Sierra Boyera.

“Esa solución de emergencia no contó con el planteamiento de ninguna alternativa por parte de la Junta, cuyos técnicos se sentaban en la mesa”, ha afirmado Valenzuela, quien ha declarado que “no se les dijo a estos técnicos que fuera la solución más barata, sino la más rápida”. Esta opción para trasvasar el agua desde La Colada hasta Sierra Boyera aprovecharía parte de las obras ya ejecutadas por la Junta.

Cuando se planteó esta solución, “que es de emergencia y provisional”, la Junta argumentó en una posterior reunión no tener competencias para declarar dicha situación, por lo que el Gobierno de España encargó un informe a la Abogacía General del Estado, que determina que son competentes para declarar la actuaciones de emergencia tanto la Diputación de Córdoba, la Junta de Andalucía como el Gobierno. Del mismo modo, el informe destaca que “se debe de buscar la solución más eficaz, actuando bajo el principio de celeridad”

“Las competencias no son algo para que nos arrojemos las instituciones a la cabeza unos a otros, y eludamos responsabilidades, sino que es una manera de articular el Estado de las autonomías”, ha afirmado la subdelegada de Gobierno.

“No podemos confundir a los ciudadanos en un tema tan serio como es el del agua. El espíritu al que anima y obliga la Constitución es el de colaborar entre todas las instituciones lealmente. Todas debiéramos tener un único objetivo y es servir a la ciudadanía lo más eficazmente posible”, ha declarado Valenzuela a los medios.

Ante la urgencia del problema que supone que la actual sequía deje sin abastecimiento de agua a los vecinos del norte de la provincia de Córdoba, el Gobierno de España ha decidido actuar, y como anunció el sábado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, será el ejecutivo central el que financie el bombeo de agua del trasvase.

“En este momento hay dos posibilidades: o bien hacer la obra directamente por el Estado, a través de Acuaes, o financiarle a la Diputación la obra, y que la haga Emproacsa. Las dos son factibles y las dos garantizarían celeridad”, ha anunciado la subdelegada del Gobierno.

Rafaela Valenzuela ha pedido que, igual que se ha puesto al servicio de esta emergencia la Diputación de Córdoba, la “Junta de Andalucía también se sume y colabore”, sobre todo teniendo en cuenta que la única solución de emergencia posible usará parte de las infraestructuras que son dependientes de la Junta, como las conducciones de la obra ya existentes y que tiene pendiente terminar de realizar.

También ha recordado que el próximo jueves habrá una reunión con todos los alcaldes y alcaldesas de la zona a los que se les trasladarán las conclusiones del informe de la Abogacía del Estado y se les explicará en qué consistirá esta obra provisional, cuyo coste aproximado puede rondar los dos millones de euros.