El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha denunciado que un total de diez comunidades autónomas siguen aún sin volver a la jornada laboral de 35 horas semanales a pesar de haber transcurrido ya más de dos años desde que el Gobierno permitiese a las comunidades autónomas recuperar este derecho laboral perdido en 2012.

SATSE subraya que las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas que dependen de los servicios de salud de Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia sufren todavía el recorte impuesto hace ocho años con motivo de la crisis económica y deben trabajar 37,5 horas a la semana.

Además de no haber recuperado un derecho laboral que permite el Gobierno central desde 2018, se produce una clara situación de discriminación con respecto a sus compañeros y compañeras que prestan sus servicios en Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Euskadi y Navarra donde hace ya tiempo se recuperó la jornada de 35 horas a la semana, apuntan desde la organización sindical.


“Es totalmente injustificable que hayan transcurrido ya más de dos años desde que los distintos gobiernos autonómicos se comprometieron a recuperar este importante derecho laboral sustraído durante los años de la crisis y todavía haya diez comunidades autónomas que sigan mirando hacia otro lado y no hayan dado respuesta a una justa y lógica demanda de sus trabajadores, máxime en momentos de especial sufrimiento laboral y pleno esfuerzo de los profesionales para garantizar la atención sanitaria y cuidados a los pacientes y ciudadanos”, afirma.

SATSE destaca que la vuelta a la jornada laboral de 35 horas semanales conlleva la generación de empleo y mejora la disponibilidad de los profesionales para atender a los pacientes, lo que siempre redunda en unos cuidados y atención sanitaria más segura y de mayor calidad, además de mejores condiciones laborales para las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas.

La organización sindical recuerda que la ampliación de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales, en 2012, se justificó como una necesidad inevitable dada la grave crisis económica que se vivía en aquel momento pero ocho años después no tiene justificación alguna mantener una medida injusta y discriminatoria que, además, dificulta gravemente la conciliación laboral y personal de los profesionales afectados.

Por ello, el Sindicato de Enfermería seguirá exigiendo en las diferentes mesas y órganos de negociación de las diez comunidades autónomas afectadas que se propicie el cambio normativo necesario para que las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas no sigan viendo minusvalorado un trabajo, esfuerzo y dedicación que está siendo mucho mayor y más sacrificado durante todos los meses de pandemia de la COVID-19.