La Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres ha puesto este lunes el acento en la falta de medios de la Administración de Justicia para atender a las víctimas que residen en las zonas rurales.
En concreto, ha denunciado la situación del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Peñarroya-Pueblonuevo, que asume estos casos, en una conferencia de prensa en la que la procuradora Susana Torrecilla ha asegurado que "ha llegado a tal caos que ha estado atendido por dos personas durante meses".
Todo ello, a pesar de que, como ha recordado, este órgano judicial tiene que conocer asuntos de toda índole, por lo que cuando recibe uno de violencia de género "se paraliza".
Esta procuradora ha asegurado que "Córdoba es el patito feo de las provincias andaluzas" por los recursos de que dispone para atender la violencia machista, abundando en que "todos los partidos judiciales se encuentran en las mismas condiciones que nosotros, somos un ejemplo más".
De este modo, ha denunciado que "la jueza y el letrado de la Administración de Justicia llaman a puertas donde nadie les escucha", en referencia a su petición de más medios personales a la Junta de Andalucía.
También ha explicado que medio centenar de víctimas se han visto afectadas en lo que va de año por esta situación, puntualizando que el partido judicial integra a 11 municipios cordobeses.
Según ha detallado Susana Torrecilla junto a la abogada Miriam Guzmán, si bien una vez que se adoptan medidas de protección sobre las víctimas (mujeres y menores) hay que interponer la demanda en 30 días para que sean efectivas, esta no se puede incoar por la falta de personal, por lo que "entra en saco roto" y las medias quedan sin efecto.
Entre otras ideas, Miriam Guzmán ha lamentado que las víctimas de violencia de género "pasan a ser víctimas del sistema judicial", porque "no reciben respuesta", y ha recordado que los menores son víctimas también.
La presidenta de la plataforma, Elena Vega, ha recordado el objetivo de denunciar todo tipo de violencia contra las mujeres, incluida la "institucional, que por falta de recursos o medios tienen que sufrir las víctimas en el proceso" de denuncia.
Por su parte, la asesora jurídica Gloria Serrano ha hecho hincapié en que "el número de mujeres maltratadas en el ámbito rural en el 2018 ha sido cuatro veces superior que el registrado en entornos urbanos".
Además, ha aludido a distintas dificultades que encuentran estas mujeres, como la necesidad de declarar hasta en tres ocasiones, la prolongación de los procedimientos "más de lo que deberían", la revictimización, el menor acceso a los recursos públicos o la incomunicación.

Fuente: Diario Córdoba