Una norma no escrita es que los representantes públicos no deberían cobrar más que la presidenta de la Junta de Andalucía, que tiene un sueldo de 64.446 euros anuales. Los alcaldes de Córdoba se ciñen a esta horquilla y ninguno supera los emolumentos de Susana Díaz. La primera edil de la provincia con menos dificultades para llegar a fin de mes es Isabel Ambrosio en la capital, con una retribución de 62.253 euros en 2016, según los datos publicados recientemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, aunque la alcaldesa de Córdoba podría ganar hasta 80.000 euros según fija la Ley de Reforma Local para las poblaciones de entre 150.000 y 300.000 habitantes. Si se establece una comparativa andaluza, el de Granada, Francisco Cuenca (PSOE) es el alcalde con menor retribución de todos los regidores de las capitales de provincia y gana 22.000 euros menos que el primer edil de Almería, que tuvo una asignación de su ayuntamiento de 82.402,20 euros anuales en el ejercicio de 2016; el de Jaén, 72.723; 63.428 el de Málaga; la alcaldesa de Córdoba, 62.253; 61.103 euros en Huelva; y 60.920 euros el sevillano Juan Espadas. El alcalde de Granada, además, está a la par con José María González Kichi en Cádiz, si bien éste no aparece en la relación del Ministerio porque su salario es de la Diputación de Cádiz: 4.352 euros brutos con 14 pagas.
En el siguiente escalafón en la provincia de Córdoba están el primer edil de Lucena, Juan Pérez (PSOE) con 49.224; Jesús Rojano (PSOE), en Baena con 46.000 euros; Esteban González (PSOE) en Puente Genil, con 45.450 euros; José Antonio Fernández (PP) en Espiel con 45.416; y Rafael Llamas (PSOE) en Montilla con 44.192 euros. En el caso de Palma del Río, su alcalde, el también socialista José Antonio Ruiz Almenara, cobra 40.453 euros. En el límite de los 40.000 euros se encuentra el primer edil de Priego de Córdoba, José Manuel Mármol (PSOE).
El resto de alcaldes de la provincia están en su mayoría entre los 20.000 y casi 40.000 euros. Por ejemplo, el regidor de Peñarroya-Pueblonuevo, José Ignacio Expósito (PSOE), tiene un sueldo anual de 39.998 euros, mientras que el de Pozoblanco, el popular Santiago Cabello, es de 37.527 euros. El primer edil de La Rambla, Alfonso Osuna (IU), recibe un salario de 37.134 euros, y el de Nueva Carteya, Vicente Tapia, también de IU, 36.385 euros.
Según los datos recopilados en el Espacio ISPA, hasta nueve alcaldes de la provincia estuvieron sin dedicación y no cobraron absolutamente nada como retribución. Sólo lo hicieron por asistencias a plenos y otras percepciones en el ejercicio de 2016. Aquí se encuentran casos como el que de Francisco Juan Martín, el que fue regidor de Aguilar de la Frontera hasta el pasado mes de febrero y, además, responsable del área de Comunicación y Nuevas Tecnologías de la Diputación -puesto que mantiene tras su dimisión como primer edil- cobró 5.700 euros por asistencias a plenos, entre otros. De este grupo también forman parte primeros ediles como el de Belmez, José Porras (PSOE), con 2.070 euros, o el de Conquista, Francisco Buenestado Santiago, del PSOE, (264 euros) o el de Hinojosa del Duque, el socialista Matías González (8.290 euros).
Entre todos estos alcaldes se encuentra el de Rute, Antonio Ruiz (PSOE), a la postre presidente de la Diputación, cargo por el que recibe 59.290 euros, tal y como se acordó en la sesión plenaria de septiembre del año pasado. Aún así, Ruiz, tal y como recogen los datos del Ministerio de Hacienda, en 2016 recibió 2.082 euros por dietas como alcalde.
Desde el pasado año, todos los consistorios están obligados a comunicar al Ministerio las retribuciones percibidas por los alcaldes, en el marco del control ejercido por Montoro sobre las cuentas de los ayuntamientos, algo que afecta a los suelos de los representantes locales. Y es que, gracias a la Ley de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno, los ayuntamientos deben facilitar información de interés.
Aunque esta ley nació con vocación de obligatoriedad a finales de 2013, la realidad es que aún no trascienden los sueldos percibidos en el 100% de los casos, aunque es cierto que hay datos de una gran parte de los consistorios. Esta ley fija que los integrantes de los ayuntamientos con una población inferior al millar de habitantes no tendrán dedicación exclusiva. De este modo, para aquellos que tienen una dedicación del 75% se fija un sueldo de 30.000 euros; para los que cuentan con una dedicación del 50%, 22.000 euros, y para los que disponen de una dedicación del 25%, 15.000 euros. Fuente: elDia