Tomar como referencia 2005, el año de más emisiones, busca maquillar el efecto real de la nueva norma. Consideramos además que los bonos de emisión, en los que se está centrando buena parte del discurso de la Junta, han demostrado no ser efectivos.
Desde EQUO hemos señalado esta semana la “trampa” de base de la que parte el proyecto de Ley del Cambio Climático presentado esta semana por el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, al tomar como año de referencia 2005, un año de muchas emisiones. De este modo, al establecer este punto de partida la Junta puede maquillar el efecto real de la nueva norma, pues cualquier mejora, por pequeña que sea, resulta bastante asumible.

El año que se establece para las emisiones es una trampa. Así, en una primera valoración de este proyecto de ley –que, por cierto, llega con años de retraso-, el coportavoz de EQUO en Andalucía, Francisco Sánchez Molina, ha señalado que “los objetivos, estando en una Comunidad Autónoma que prevé escenarios climáticos tan dramáticos como la nuestra, deberían ser mucho más ambiciosos, empezando por no tomar como año de referencia 2005, si no por ejemplo 1990, que es el que aparece en distintos tratados internacionales”.

Igualmente, no entendemos que el Gobierno andaluz centre buena parte de su discurso en los bonos de emisión, que han demostrado no ser efectivos al permitir mercadear con las emisiones y reducir el problema a un asunto económico. La nueva legislación, que debe debatirse en el Congreso, regula los sectores difusos que no están sujetos al Régimen de Derechos de Comercio de Emisión y que según los datos aportados por la Junta de Andalucía suponen un 55% de la contaminación vinculada al cambio climático en la comunidad. Respecto a éstas se fija el objetivo mínimo de reducir un 18% en 2030 el nivel registrado en 2005 de 4,28 toneladas equivalentes de dióxido de carbono (CO2) por habitante y año.Muchas gracias

Obviamente si se pone como referencia un año como 2005 el esfuerzo real que supondrá alcanzar los objetivos fijados será menor y no supondrá tanta mejora respecto a los niveles vigentes hoy por hoy, con lo que la norma no será más que un nuevo paso en el ‘greenwashing’ que vienen realizando los distintos gobiernos que, sin embargo, siguen sin implementar medidas reales, contundentes y eficaces contra el avance implacable del cambio climático.

En este sentido, la también coportavoz de EQUO Andalucía y parlamentaria, Carmen Molina, ha destacado que “las propias políticas de la Junta deben ir, desde todos los ámbitos, encaminadas a reducir las emisiones y mitigar en nuestra comunidad los efectos del cambio climático. Desde las políticas de movilidad, desechando de una vez la apuesta exclusiva por el AVE y el transporte privado por carretera, hasta las de industria, negando las autorizaciones para incinerar residuos a las cementeras, tan de moda últimamente; pasando por el modelo productivo y de generación de energía, o por las medidas destinadas a proteger y ampliar los espacios naturales y las grandes zonas verdes, pulmones que contribuyan a depurar nuestro aire”.

Igualmente es importante, teniendo en cuenta la gravedad de los incendios forestales sufridos recientemente, ligar mucho esta ley a la prevista Ley Forestal y también a la rehabilitación energética y al transporte sostenible. Que sea una norma ambiciosa y transversal a todas las políticas de la Junta, y por supuesto que cuente con suficiente dotación económica.