EQUO valora muy positivamente el acuerdo del consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba para introducir en el Plan General de Ordenación Urbana las restricciones y limitaciones que impidan que la cementera Cosmos o cualquier otra empresa instalada dentro del núcleo urbano o en sus proximidades pueda quemar residuos como fuente de energía. De esta manera, se avanza en la protección de la salud y la calidad ambiental de la ciudad, cumpliendo el compromiso firmado por todas las fuerzas políticas locales en mayo del año pasado, posteriormente plasmado en las medidas de gobierno municipal acordadas por PSOE, Izquierda Unida y Ganemos Córdoba.

Los portavoces de la formación verde en Córdoba, Ana María Carnero y Salustiano Luque, han expresado su confianza en que el procedimiento iniciado por Urbanismo sea pronto ratificado por el Pleno del Ayuntamiento en el que sería deseable la unanimidad de todos los grupos políticos, si de verdad anteponen el interés común a intereses económicos particulares. “De una multinacional como Votorantim, propietaria de la fábrica de cementos, que tiene su sede en Sao Paulo, no podemos esperar que le preocupen mucho la salud y el bienestar de las personas que trabajan en la planta y de quienes vivimos en Córdoba. Pero que partidos políticos como el PP y Ciudadanos estén defendiendo sus intereses resulta preocupante. Sorprende especialmente que los representantes del Partido Popular en nuestra provincia vayan contra lo aprobado por el gobierno de su propio partido”.

EQUO recuerda que el Consejo de Ministros del 6 de noviembre de 2015 aprobó el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022 publicado en el BOE del 12 de diciembre de 2015. Este plan se sitúa en la línea habitual de las políticas del Partido Popular, favorable a los intereses de las grandes industrias y poco comprometido con la protección ambiental, por lo que ha sido muy criticado por distintas organizaciones sociales, sindicales y políticas. A pesar de su tibieza y poca ambición, el PEMAR señala la incineración como la opción menos preferente para el tratamiento de residuos e insta expresamente a los ayuntamientos, como administraciones competentes en la recogida y tratamiento de los residuos urbanos, a promover la reutilización y reciclado frente a la obtención de energía quemándolos. Igualmente, el Plan establece una tendencia decreciente e inferior al 15% en el porcentaje de neumáticos fuera de uso, lodos de depuración y residuos agrícolas tratados mediante la incineración.

“Todos los países avanzados están siguiendo igualmente esta misma tendencia de reducción progresiva de la quema de residuos para evitar añadir más contaminación atmosférica y controlar sus efectos en el cambio climático. La incineración no tiene futuro, puede dar beneficios inmediatos a los propietarios de la fábrica de cementos pero no es la solución para su viabilidad ni su mayor competitividad a largo plazo como pretenden hacernos creer. Y, desde luego, no es la solución para reducir los vertederos de basura. Gracias a la apuesta municipal desde hace muchos años, el buen trabajo de los profesionales de SADECO y la conciencia ciudadana, la ciudad de Córdoba puede sentirse orgullosa de ser uno de los primeros municipios de España en reciclaje de residuos. Contamos además con iniciativas empresariales innovadoras y grupos universitarios que están desarrollando líneas de investigación muy interesantes en esta materia”. Por eso EQUO anima a intensificar los esfuerzos en esta dirección para que el aprovechamiento y reutilización de residuos se conviertan en una fuente de empleo y actividad económica socialmente útil y ambientalmente responsable.

Al mismo tiempo, los portavoces provinciales de EQUO han reclamado al Delegado Provincial de Medio Ambiente y a los máximos responsables de esta Consejería que extremen la vigilancia y el control de la fábrica de cementos Cosmos en cuanto a sus condiciones técnicas, la documentación aportada, emisiones atmosféricas y vertidos, atendiendo con mayor rigor los informes y propuestas de sus técnicos y expertos. “La Autorización Ambiental no puede ser tratada como un simple trámite administrativo y no es de recibo que se esté utilizando como argumento de legitimación de los intereses de la empresa cementera cuando, en aplicación de la estricta legalidad, la autorización concedida en 2007 ya habría caducado hace cuatro años, pero ha sido prorrogada por procedimientos colaterales muy cuestionables”.