La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) ha contratado al bufete estadounidense Jones Day para que le preste “servicios de asesoría jurídica sobre Sociedades Vehículo de Propósito Especial (SPV’s) en el ámbito financiero”, según consta en su página web.
La posible utilización de esa herramienta, una rareza en empresas públicas habitualmente vinculada a inversiones especulativas de alto riesgo, responde, según Enresa, al objetivo de “maximizar” la rentabilidad del Fondo para la financiación de la gestión de los residuos radiactivos que sufraga las actividades de la empresa.
A 31 de diciembre de 2015 este fondo, que actualmente se financia con aportaciones de las empresas eléctricas, contabilizaba 4.613 millones de euros. Pero, en un informe publicado en febrero pasado, el Tribunal de Cuentas cuestionaba su sistema de financiación y advertía de un “déficit” de 1.486 millones a junio de 2014.
El informe denunciaba que los tipos de gravamen que entraron en vigor en enero de 2010 (cuando el fondo empezó a ser financiado con aportaciones de las eléctricas) no se han actualizado desde entonces pese a las desviaciones de costes con respecto a las previsiones del Plan de Gestión de Residuos Radiactivos vigente, que tiene ya diez años y que el Gobierno de Mariano Rajoy no se molestó en actualizar.
En mayo pasado, el presidente de Enresa Juan José Zaballa, ya apuntó a posibles problemas financieros para desmantelar las centrales nucleares españolas, en el caso de no prorrogarse su actual vida útil prevista de 40 años. Zaballa dijo que en 2028, fecha en la que la última de las centrales acaba su vida útil prevista de 40 años (Trillo, Guadalajara), el fondo sumaría 6.500 millones, cifra que "habrá que preguntarse si es suficiente" o, por contra, si por motivos financieros es aconsejable incrementar ese periodo. Zaballa se mostraba así partidario de ampliar la vida de las centrales, en línea con las peticiones de la patronal eléctrica, Unesa.
“Enresa considera necesario explorar la posible inversión del Fondo en activos financieros que maximicen la rentabilidad de ésta, para lo cual resulta necesario un conocimiento exhaustivo de los mismos y, particularmente, de su articulación jurídica”, señala Enresa a preguntas sobre la posible creación de esta sociedad instrumental.
La empresa que desde hace año y medio preside Zaballa (compañero de promoción de Luis de Guindos y del dimitido José Manuel Soria) niega que el objetivo sea, como apuntan algunas fuentes, utilizar esa sociedad instrumental para invertir recursos del fondo, a semejanza de un hedge fund, en derivados de muy alto riesgo (como opciones o futuros en productos apalancados), que suelen multiplicar la rentabilidad, pero también, las pérdidas.
En su momento, Enresa ya contempló esta posibilidad, tras una propuesta de BBVA que finalmente se desechó porque el banco se negó a aportar garantías a la inversión, según fuentes conocedoras de esa negociación. La creación de un SPV permitiría a la empresa sortear con esa sociedad vehículo las restricciones a los criterios de inversión que establece el Comité de Seguimiento y Control del fondo.
Este comité está presidido por el secretario de Estado de Energía y compuesto por el Interventor General de la Administración del Estado, el Subsecretario de Economía y Competitividad, el Secretario General del Tesoro y Política Financiera y el Director General de Política Energética y Minas.
Enresa subraya, no obstante, que “los principios de la gestión del Fondo son la seguridad, rentabilidad y liquidez tal y como se establece en la regulación legal vigente”, y que la empresa “respeta rigurosamente” esos principios y los criterios que establece el Comité de Seguimiento y Control. “Conforme a estos criterios, no se contempla en absoluto la inversión en productos derivados”, asegura.

Fuente: eldiario.es