Los peores augurios se han confirmado. El cambio de adjudicación de las concesiones de transporte escolar has tenido nefastas consecuencias.
El pasado día 7 de septiembre los responsables de la delegación de educación de la Junta de Andalucía comunicaron a UGT su intención de adjudicar provisionalmente las concesiones afectadas a los anteriores operadores, hasta tanto se resolviera la impugnación planteada por los empresarios cordobeses. Esta medida, aplaudida desde el sindicato, finalmente no se ha aplicado, concertando la Junta de Andalucía, sorprendentemente y contrariamente a sus propios argumentos, mediante contrato menor, con la empresa extremeña AULA, la misma que provocó la impugnación del concurso y que había manifestado en repetidas ocasiones su intención de no subrogar a los trabajadores afectados.
El pasado día 10 estos trabajadores afectados, un total de 8 pertenecientes a la empresa cordobesa Auto Transportes LOPEZ SL, se personaron en la sede de la empresa AULA en Villafranca de Barros (Badajoz) para ponerse a disposición y saber los servicios a realizar a partir del día 12, encontrándose sin interlocución y con las puertas cerradas de las oficinas, ya que AULA, al tanto de la visita de los trabajadores, como vulgarmente se dice “se quito de en medio”.
Hoy día 12, a las 6,30 de la mañana nos hemos presentado en el centro de trabajo de Peñarroya los responsables sindicales de SMC UGT-Córdoba, los Delegados de Personal y los propios trabajadores afectados, con la intención de que la empresa AULA subrogara a los trabajadores o les dijeran en qué situación laboral quedan. El encargado de la empresa no sólo se ha negado a admitirlos, sino que ha llamado a la Guardia Civil para desalojarnos de las puertas de la cochera.
Ahora los trabajadores han quedado en una situación de total indefensión, ya que la empresa AUTOTRANSPORTES LOPEZ les ha rescindido sus contratos, y la empresa AULA ha realizado contratos en precario a desempleados para evitar su subrogación.
Lo acontecido nos parece de extrema gravedad; la actuación de la Junta ha dejado en la estacada a 8 familias de la comarca del Alto Guadiato, con escasas o nulas posibilidades de recolocación, todo ello para beneficio de una empresa foránea que esta subcontratando autobuses porque no tiene suficientes material, y que ha mostrado un total desprecio por el cumplimiento de los derechos laborales y sociales de los trabajadores.
Desde FeSMC-UGT vamos a denunciar lo acontecido a la Junta de Andalucía, además de demandar en el Juzgado de lo Social a las dos Empresa (saliente y entrante) para que asuman sus responsabilidades con los trabajadores, planteando, de ser necesario, una huelga en el Sector de transporte Escolar en Andalucía, a través de la Federación Regional de FeSMC UGT.