Ante la impugnación de las adjudicaciones a la empresa de transportes AULA por parte de la Asociación de Transportistas de Viajeros de Córdoba, basada en la intención de la empresa extremeña AULA de realizar los servicios de colegios para los que necesita 157 vehículos con tan solo 105, con el incumplimiento añadido de no subrogar a los trabajadores conforme establece el pliego de condiciones de la licitación y el propio convenio colectivo del Sector, miembros de la UGT nos reunimos el pasado día 7 con los responsables de Educación la Junta de Andalucía para valorar la nueva situación creada por la paralización de la adjudicación definitiva de las líneas escolares afectadas, y conocer de primera mano y con detalle los efectos que esta situación transitoria tiene sobre los trabajadores afectados por los servicios en cuestión.
Por parte de la Administración se nos informó que, de momento, quedaban paralizadas las adjudicaciones a AULA en Córdoba, hasta que se pronuncie al respecto el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, que tiene un plazo de hasta tres meses para decidir. Durante ese periodo la Delegación Provincial de Educación, tal como ha hecho en otras provincias, iba a formalizar contratos menores con los anteriores concesionarios para dar continuidad al servicio, evitando así males mayores en relación a la subrogación de los trabajadores, y confusión en los alumnos usuarios del servicio.
Desde la Federación de Movilidad de UGT (FeSMC-UGT), consideramos coherente esta medida provisional, tal como manifestamos a Esther Ruiz, Delegada Provincial de Educación, a la que también insistimos en la obligación de la Administración de velar porque las nuevas empresas adjudicatarias cumplan con el Pliego de Condiciones, particularmente con la de subrogación a los trabajadores, incluyendo en esta inexcusable obligación a la empresa extremeña AULA, la que, por la información de que disponemos, ha recurrido a varias oficinas de empleo de la provincia para reclutar conductores con contratos en precario (4 horas y 600 € de salario), intentando evitar el cumplimiento de sus obligaciones laborales.
La decisión de la Junta de Andalucía de paralizar las adjudicaciones que, en principio, no cumplen las condiciones establecidas nos permite ganar tiempo para asegurar que las nuevas concesionarias cumplan con las obligaciones laborales que se derivan de la adjudicación. A la Delegada le manifestamos nuestra firme voluntad de hacer cumplir las obligaciones contractuales con los trabajadores, y nuestra intransigencia con los incumplidores, advirtiendo que llegaríamos a parar los autobuses de las Empresas infractoras si fuese necesario.