El Consejo de Ministros aprobó ayer el ingreso mínimo vital, una medida que ha sido objeto de polémica en las últimas semanas mientras miles de familias sin recursos estaban pendientes de su implementación.
Tras varias semanas de trabajo en las que se han ido detallando algunas de las características de una herramienta diseñada conjuntamente por los equipos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y el de Inclusión, Seguridad Social e Inclusión, esta mañana ha sido aprobado en el Consejo de Ministros el ingreso mínimo vital, medida estrella para dar respuesta a la situación de miles de familias que se habían quedado sin acceso a las resoluciones adoptadas hasta ahora para amortizar los efectos económicos de la emergencia sanitaria.
A falta de que se plasmen los detalles en el Boletín Oficial del Estado, se confirma que la medida contará con un presupuesto de 3.000 millones de euros anuales y dará respaldo económico a unas 850.000 familias formadas por aproximadamente 2.300.000 personas. El objetivo es ambicioso, pues supondría según los cálculos del gobierno, erradicar la pobreza extrema en la que actualmente viven 600.000 hogares una situación de privación material que afectaría a un total de 1,6 millones de personas. La ayuda se podrá solicitar a partir del 15 de junio.
La cuantía de esta prestación no contributiva de la seguridad social oscilará entre los 462 euros para quienes vivan en hogares unipersonales, a un máximo algo superior a mil euros, en función de los miembros que conformen las unidades de convivencia beneficiarias. La media anual de ingreso estará, según los cálculos del gobierno en 4.400 €, lo que garantizaría una renta media anual de 10.070 euros.
Los equipos que vienen estudiando el alcance de la cobertura consideran que aproximadamente un tercio de estos hogares cuentan con menores y que un 16% de las familias beneficiadas serán monoparentales, en su gran mayoría encabezadas por mujeres. Para establecer la elegibilidad a la ayuda se tendrá en cuenta el patrimonio familiar descontanto la vivienda habitual.
Apenas aprobado el ingreso mínimo vital, el jefe de Gobierno daba muestras de entusiasmo en las redes sociales con un tuit en el que califica la iniciativa como “una medida histórica en nuestra democracia, un nuevo pilar de nuestro Estado del Bienestar que hará de España un país más justo y solidario”.
Con esta medida, que ya estaba incluida en el pacto de gobierno de ambas formaciones pero que antes de la crisis del covid y la emergencia económica que la misma ha provocado, había sido pospuesta hasta 2021, se aspira a superar los problemas de cobertura y asimetría que afectan al sistema de rentas mínimas autonómicas de las que solo se beneficiarían unas 300.000, y que arrastran, según señalan los críticos, grandes dificultades en el acceso que dejan fuera a gente que debería ser beneficiaria dada su situación económica. Un sistema de protección ineficaz a la hora de revertir la pobreza estructural en un país donde más de un cuarto de la población se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión.
Frente a esta problemática, el Gobierno aspira a llegar al mayor número de personas posible con urgencia, y para ello va a habilitar varios canales de acceso que van desde la seguridad social a los ayuntamientos. Asimismo, facilitará tanto la tramitación telemática como el acompañamiento de los servicios sociales para compensar las dificultades de acceso que pueda afectar a algunos colectivos. Por último, se ha anunciado la habilitación de un teléfono gratuito para asesoras a los posibles beneficiarios. En este sentido los propulsores de la medida se vienen comprometiendo a suavizar los controles burocráticos previos que actúan como filtro y limitan el alcance de este tipo de ayudas.
Con el ingreso mínimo vital se cierra una anomalía, siendo España el único país de nuestro entorno sin contar con una renta contra la pobreza estatal. Del aprendizaje de experiencias en otros países se incidirá en la no condicionalidad de este ingreso a las políticas de inclusión laboral, considerándose la prestación un derecho subjetivo y entendiéndose las medidas de apoyo a la empleabilidad como complementarias y no obligatorias. También plantean no desincentivar la búsqueda de empleo posibilitando que la ayuda sea compatible con cierto nivel de salario.
Quienes han trabajado en el borrador afirman, asimismo, que las rentas mínimas serán subisidiarias de este piso común, pudiendo las comunidades autónomas complementar los montos. La colaboración entre administraciones será imprescindible para que la medida pueda implementarse cuanto antes.
Al contrario de lo que habían pedido organizaciones y colectivos en defensa de los derechos de las personas migrantes, al ingreso mínimo vital no podrán acceder residentes en situación administrativa irregular, contemplándose la excepción para víctimas de trata y de violencia de género y solicitantes de asilo.
Queda por ver si el Gobierno consigue materializar su voluntad de hacer llegar a la población las prestaciones ya desde el mes de junio, tras más de dos meses de estado de alarma y bajo la vigilancia de la oposición conservadora, y una parte de la opinión pública que ha menospreciado y criticado esta medida calificándola de “paguita”.
El gobierno prevé acompañar la medida económica de otras disposiciones complementarias. En este sentido ha anunciado que unas 700 familias que no fueron beneficiarias de beca para estudios universitarios, y que optarían potencialmente al ingreso mínimo, podrían quedar eximidas del pago de las tasas universitarias para el curso escolar 2020-2021.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/pobreza/aprobado-el-ingreso-minimo-vital