La autonomía local, por lo tanto, la democracia municipal, es uno de los objetivos de las decisiones de este gobierno del PP. La presión formal e informal que desarrolla sobre los gobiernos locales tiene como objetivo anular este ámbito de libertad y expresión, restar capacidad de decisión (competencias) y hacer de los representantes de la voluntad popular simples funcionarios. La excusa: lograr que los ayuntamientos logren el equilibrio financiero. La acusación: los ayuntamientos despilfarran dinero a manos llenas.
Los ayuntamientos son el campo en el que los ciudadanos/as pueden expresarse y controlar al poder político cercano, para lograr que éste sea expresión de lo que desean. Es difícil de entender para quienes viven en grandes urbes, pero en poblaciones de menos de 20.000 habitantes, quienes deciden los asuntos del pueblo son personas que andan por las calles, hablan con los vecinos y recogen sugerencias, críticas y apoyos; conversan en los bares con esas mismas personas, comparten los ámbitos escolar, de sanidad, van a la panadería y mientras compran hablan con el ciudadano sobre el estado de la acera o sobre la actividad deportiva de formación. Si el poder central o autonómico recorta sus servicios, las personas afectadas se acercan al ayuntamiento para ver qué puede hacer éste. Si la atención a la dependencia no deja entrar usuarios que tienen derecho, el ayuntamiento intentará resolverlo. Si la comunidad autónoma recorta en transportes sanitarios, el ayuntamiento debería poner medios. Las críticas, opiniones, deseos, valoraciones no alcanzan al poder a través los periódicos o televisiones, sino directamente, en el día a día. Las elecciones locales se producen entre listas electorales formadas por personas que comparten vecindad y familia.
Esto es lo que el gobierno central y el partido gobernante quieren anular. Este ámbito de libertad. Por ello, han aprobado un texto legislativo de reforma local, modificación legislativa cuyo núcleo central es privar a los gobiernos municipales de poder. Las competencias podrían ser propias, delegadas o “impropias”, pero no son locales. Los ayuntamientos son sometidos a una triple tutela: bajo diputaciones, comunidades autónomas y ministerio de hacienda del gobierno central. Una tutela totalmente arbitraria, pues puede quitar el ámbito de decisión del municipio sin tener que motivar racionalmente los fundamentos. Dos conceptos permiten que los ayuntamientos perdamos toda competencia firme: el coste efectivo y la sostenibilidad financiera de cada servicio. Resumiendo: como el gobierno central afirma que los ayuntamientos tienden a ser caros y despilfarradores, lo mejor es privarlos de competencias, de capacidad de decisión.
Pero los datos demuestran que toda la posición del gobierno central es errónea. De enero a noviembre de 2013 el conjunto de las Administraciones Públicas tuvo un déficit de 45.158 millones de euros. Y ello a pesar de haber subido la presión tributaria. Pero se estima que el superávit en ese mismo período de los ayuntamientos fue de 4.133 millones. Se espera un superávit global cercano a los 6.000 millones.
Los ayuntamientos han conservado y ampliado servicios públicos, mientras recortaban gastos superfluos y mejoraban su organización y gestión. En cambio, el estado central ha gastado un 7% más que año 2013 en conceptos no financieros. ¡Éste es el esfuerzo de ajuste del gobierno central vendido a través de los medios de comunicación!
La posición del gobierno central de ataque a la democracia local es ideológica y responde a una obsesión por la recentralización del estado español. Es, además, una grave equivocación, porque es el poder municipal el que está logrando sostener servicios e inversiones frente a los recortes sin sentido del gobierno central y los problemas financieros de las comunidades autónomas.
Ignacio Escañuela Romana, alcalde de Carrión de los Céspedes