CCOO critica que tengan que ser los ciudadanos quienes financien el servicio de Correos

EL SINDICATO DENUNCIA LA SUBIDA DE LAS TARIFAS POSTALES AL CONSIDERARLA UN PARCHE QUE NO RESUELVE LA FINANCIACIÓN PARA EL CORREO PÚBLICO

La subida en un 6,25 % de las tarifas postales ordinarias -casi 6 puntos por encima del IPC- acordada por el Gobierno supone, para CCOO, el ejemplo más fehaciente de cómo la ausencia de modelo postal por parte del Ministerio de Fomento no sólo no resuelve los graves problemas de financiación del correo público, sino que, además, convierte a los ciudadanos, en paganos, vía tasas indirectas, de aquello que el Gobierno se niega a sufragar.
Para CCOO, la decisión adoptada no puede ser calificada de otro modo que de coyuntural y cortoplacista pues la medida sólo pretende paliar, en parte, la grave situación de déficit en la cuenta de explotación de Correos (-151 millones de euros previstos para 2010) sin que se contemplen otras medidas que resuelvan a medio y largo plazo la agónica situación a la que se enfrenta la principal empresa pública del país; "sometida, no solo a un déficit camino de ser estructural, sino a un recorte progresivo de las aportaciones del Estado que han pasado de los exiguos 94 millones de 2007 a los 75 millones actuales, cuando el Servicio Universal Postal tuvo un coste real en 2007 de más de 240 millones de euros, como el mismo Gobierno ha reconocido".
La gravedad de la situación económica, debería obligar al Gobierno, dicen, a acometer el debate de precios y tarifas en el marco de un sistema de financiación integral y sostenible, nunca como consecuencia de un ajuste severo provocado a su vez por un recorte presupuestario/financiero. "No es descabellado pensar que, a la vista de la nula reacción del Gobierno -de abandono-, estemos asistiendo a un plan premeditado de abandono".
CCOO, en el marco de su propuesta de 'Pacto de Estado por el Correo Público' seguirá insistiendo en la necesidad de reorientar la política económica del Gobierno en el ámbito postal para dotar al correo público de la financiación suficiente que permita garantizar en condiciones adecuadas la prestación de un servicio que, siendo un derecho de ciudadanía, contribuye además a la cohesión social y territorial.