• Victoria Rosell (Murcia, 1968) se toma su tiempo para responder a las preguntas de infoLibre. Con la ley del solo sí es sí en el centro, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género se esfuerza por aterrizar el debate a lo concreto, por hacer de la reflexión técnica un asunto que cualquiera pueda comprender. La delegada nos recibe en su despacho, situado en el corazón de la madrileña Gran Vía, sin saber todavía el resultado del debate parlamentario sobre la reforma de la ley. Se reconoce optimista, a pesar de todo, pero admite que los pasos andados por los socialistas se desvían de la ruta prevista. Este miércoles, el hemiciclo ha votado a favor de tramitar la propuesta registrada unilateralmente por el Grupo Socialista.
• Durante cerca de una hora, la magistrada conversa acerca del consentimiento, las rebajas de las penas y las complejidades jurídicas de una norma que nació del clamor del movimiento feminista. Pero también sobre los recursos, la asistencia y la reparación para las víctimas que blinda la nueva ley y que construye un escenario, defiende, más amable para las víctimas.
• ¿Por qué se redujeron en la ley las penas mínimas, que es donde más problemas de rebajas se están produciendo?
• Las penas mínimas se han bajado por la cantidad de actos que se pueden considerar menores: ¿a cuántas nos han tocado en el metro, en fiestas, en conciertos y a cuántos conocemos que estén penando por ello? No prisión, pero sí penando algo por ello. ¿Cuántas hemos denunciado? ¿Cuántos han sido enjuiciados? Por eso se bajan las mínimas. La sorpresa ha sido que se abusaba de las penas mínimas para hechos graves, no para hechos leves.
• ¿Ha examinado los autos que han establecido rebajas?
• Algunos sí. Y algunos tienen tres líneas.
• ¿Y qué lectura hace?
• Me quiero detener en los primeros autos que conocimos de la Audiencia Provincial de Madrid. Uno de ellos era un padrastro con una penetración bucal a la hija de su pareja de trece años y no le aplicaban las agravantes de prevalimiento ni abuso de superioridad. No se lo habían aplicado y la revisión dice: como le pusimos la mínima, ahora cabe otra mínima. Estamos viendo sobre todo una aplicación automática, aritmética, de mínima a mínima. La otra fue de un profesor. Hay un chico de 17 años que se queda en su casa antes de ir a una actividad de verano y el profesor le despierta con una felación. Una frase me quedó grabada: no consta acreditado que el chico no consintiera. Dice claramente que estaba dormido. El problema no es la ley actual, son las sentencias anteriores.
• Estamos viendo sobre todo una aplicación automática, aritmética, de mínima a mínima
• El CGPJ señala que todas las absoluciones que se han producido estos meses son consecuencia de la despenalización del abuso con engaño a menores de entre 16 y 18 años, ¿se ha destipificado este delito?
• Nosotras no podemos avalar esos datos. Vemos distintas fechas de comienzo y de fin, solo incluye las penas revisadas y olvida las no revisadas, no distingue entre cuáles son firmes y cuáles no… Ahí destaca que las absoluciones son todas por un artículo, el del abuso con engaño a mayor de 16 y menor de 18. Pero con esta ley no hace falta un engaño específico: si no hay consentimiento el Tribunal Supremo ya ha dicho, en una ponencia de Ana Ferrer, que el viejo abuso a mayores de 16 años y menores de 18 ahora es agresión sexual. Se están computando como absoluciones porque no encuentran en su esquema ese mismo artículo. Realmente creo que esas serán revocadas por el Tribunal Supremo.
• ¿El Ministerio está haciendo seguimiento de las sentencias dictadas en base al 'sí es sí'?
• No tenemos los datos. Dependemos mucho del Ministerio de Justicia, con el Registro Central de Penados, donde están inscritas todas las condenas firmes y todas las revisiones firmes de condena. Ahí sabríamos cuál es el número real. Y con los datos del propio Poder Judicial que manda su estadística y se conoce en el primer semestre del año siguiente. Es verdad que ahora han pedido unos datos parciales y examinados sin el rigor necesario, porque no son sentencias firmes. Es muy preocupante porque están contribuyendo a crear inseguridad. Nada que no pasara en la ley del 2004 [contra la violencia de género], pero la gente ahora tiene menos paciencia, más alarma y más en contra del feminismo transformador.
• Ha dicho que se están dando datos de sentencias no firmes “por interés político” y que “jurídicamente es una barbaridad”. ¿En qué consiste exactamente ese interés político?
• El mismo Consejo General del Poder Judicial que se manifestó en desacuerdo con la ley, pero no por las penas; el mismo que se manifestó en desacuerdo con la Ley Orgánica 2004 de violencia de género; o en desacuerdo con el matrimonio igualitario, cuyo portavoz llegó a comparar con el sexo entre animales y en desacuerdo con cualquier ley que supusiera un avance feminista; el mismo Consejo se suma ahora al carro de una creación de inseguridad cuando sabe perfectamente que el sistema anterior era disfuncional para las mujeres, que nuestras abuelas, nuestras madres y nosotras mismas nunca pudimos contar con un buen sistema de protección contra la violencia sexual. Sabiendo que este era el sistema, defender la vuelta atrás es tremendo. Ni siquiera han dejado pasar el tiempo suficiente. El Consejo debe defender que no se cambian las leyes a golpe de titular, que en cuatro meses es contraproducente tener tres Códigos Penales distintos y que tendría que hablar el Tribunal Supremo. Pues ni el Tribunal Supremo ha hecho un pleno jurisdiccional, ni ha dictado una sentencia de casación, ni ha habido el tiempo suficiente para ver los efectos de aplicación de esta ley.
• El CGPJ se suma al carro de una creación de inseguridad cuando saben perfectamente que el sistema anterior era disfuncional a las mujeres
• ¿Hay un problema de formación en perspectiva de género en la Justicia?
• Sí, pero esto no debería ofender a la Judicatura. Lo ha dicho una fiscal especialista en violencia en una entrevista, lo dice la fiscal de sala, lo dice la propia judicatura, la Asociación de Mujeres Juezas, nos lo está diciendo el Grevio y la Cedaw: perviven unos prejuicios y estereotipos difíciles de superar. Primero hay que detectarlos y después superarlos. Yo no recuerdo bien en qué momento me inculcaron algunos prejuicios que he aplicado en mi carrera judicial, pero es mucho más fácil estudiar desde cero, escribir sobre un folio en blanco, que escribir sobre un folio mal escrito. Cuando los profesionales hacen una formación y escuchan a una víctima, entonces enmudecen. Nosotras ofrecimos hace más de dos años una formación en la Ley Integral de libertad sexual al Poder Judicial y nos han dicho que sí, pero todavía estamos esperando a poder llevarla a cabo. Habría sido importante que la recibieran antes de tener que revisar algunas sentencias. Tristemente, yo he ido a encuentros y sesiones formativas, he preguntado si se habían leído la ley entera, por supuesto en privado, y la respuesta unánime ha sido que no.
• La propuesta del PSOE deja intacto el artículo 178 de la ley, donde se introduce la definición del consentimiento en positivo, pero aún así el Ministerio de Igualdad sostiene que va en contra del sistema del consentimiento, ¿por qué?
• El bien jurídico de tu libertad sexual, si de verdad le das importancia, no necesita que lo complementen con heridas físicas, ni con lesiones psíquicas, ni con amenazas. Tu libertad sexual vale lo suficiente como para que un ataque sea ya delito. Después, si además te hieren, sumemos las penas. Esa era nuestra propuesta. Y si no se ve claro, pongamos una agravante más de violencia o intimidación. Pero si lo metes en el esquema, es el viejo sistema: lo primero que te van a preguntar es si te resististe, qué violencia sufriste y si no, por qué no puedes demostrarlo. Al final estás diciéndole a la mujer: cuánta más herida, más víctima.
• Hemos hecho seis o siete propuestas. Lo que decimos es que una agresión sexual no depende de las heridas, ni del trauma, ni de la ansiedad, ni de todas tus lesiones físicas o psíquicas. Pero si además concurre esto, se suma la pena.