Desde hace un tiempo, y mayoritariamente para referirse a lo sucedido en Cataluña, estamos escuchando en los medios de comunicación social, la palabra “adoctrinamiento” casi de continuo.

Palabra que se emplea como sinónimo de gestión rechazable de algunas actuaciones por parte de docentes en colegíos y universidades de dicha comunidad, por considerar que en ellos, tratan de dar una formación (según los medios afines a nuestro gobierno), favorable a las tesis independentistas, en contraposición a lo que debería ser la “educación”, como aportación de los conocimientos necesarios para que la persona sea autónoma y desarrolle su propio juicio; siendo el fin del “adoctrinamiento”, anular la propia crítica por parte del sujeto, y conseguir que éste repita la información suministrada, adoptando un comportamiento acorde a la misma. Pero hemos de decir, que el “adoctrinamiento”, ha estado y está presente en casi todas las culturas a lo largo de la historia, buscando siempre que la conducta de los individuos, se adapte a las tesis e intereses dominantes en la sociedad de que se trate, o ¡lo que es peor!, al interés de la élite que ostenta el poder.

Por ello, en la sociedad de un país democrático, la Constitución debe contener los mecanismos necesarios para evitar cualquier tipo de adoctrinamiento, e impedir en los espacios y ámbitos públicos, todo lo que pueda producir o incitar al adoctrinamiento de ciudadanos y ciudadanas ¡con más razón aún!, cuando se trata de exaltar la memoria de personas cuyo comportamiento y actuación han demostrado estar en contra de los valores encarnados por la democracia, y esas personas personalizaron doctrinas que intentan aniquilar cualquier conato de oposición a sus tesis, mediante el encarcelamiento o la muerte de las personas que se le oponían.

La democracia, es la encarnación del respeto al ser humano en general y hacia los demás, tanto de forma individual, como hacia aquellos grupos o asociaciones que personifiquen lo recogido en La Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Un país que no recoja en sus leyes, totalmente, los principios democráticos, y en aras del respeto a la Libertad de Expresión, permita el funcionamiento y desarrollo de actividades por parte de entidades que se opongan a la democracia, y, con mayor motivo, lo realicen en espacios públicos, ¡No es una verdadera democracia!

En una democracia ¡perse!, ninguna religión debe prevalecer institucionalmente sobre otra u otras. Ninguna debe recibir un trato que pueda ser prevalente sobre otra, ni recibir un trato que pueda suponer, o dar a entender que por parte de los poderes públicos recibe un trato indicativo de su preferencia sobre otra u otras.

Desde el ámbito estatal, se debe garantizar que todo ciudadano o ciudadana (sin distinción de sexo, raza, etnia, religión o creencia), tenga garantizado el acceso a los ámbitos culturales, sociales o religiosos de su preferencia en igualdad de condiciones, quedando fuera del ámbito público estatal aquellos signos indicativos de las creencias o pertenencia a grupos sociales, políticos o religiosos. Estos deben quedar dentro de la esfera privada, y ¡jamás! exteriorizarse por parte de los servidores públicos, ni dentro de los centros, edificios o instalaciones que forman parte del ámbito estatal con el pretexto de ser los mayoritarios en la sociedad.

En las sociedades democráticas, todos los ciudadanos y ciudadanas merecen el mismo respeto y trato cuando estos se comportan democráticamente.
Alguien puede pensar sensatamente, que si en las escuelas, academias o universidades, se hace distinción de grupos, etnias o creencias, los funcionarios que reciben formación en dichos centros ¿No quedaran marcados, en mayor o menor medida, y ello no les influirá con posterioridad en su relación y trato profesional con los ciudadanos?