El gobierno de la Junta de Andalucía sigue dando la espalda a la prestación de apoyos de las personas con discapacidad intelectual, en este caso con el cierre de dos aulas en los colegíos que la Fundación Futuro Singular Córdoba tiene en las localidades de Montilla y Peñarroya-Pueblonuevo.
El motivo argumentado por la administración es, “Se deniega el concierto educativo, para las unidades que se indican, por no ser necesarias para garantizar la continuidad del alumnado escolarizado en unidades sostenidas con fondos públicos del centro”, esta argumentación hace referencia a que hay menos alumnos/as, sin embrago no contempla que los perfiles de los niños y niñas que asisten actualmente a los centros específicos distan mucho de los de hace años, cuando se establecieron las ratios que aún se mantienen.
En la actualidad la mayoría del alumnado presentas altas necesidades de apoyo, dificultades de conducta, acompañado en muchos casos de graves problemas de salud. Desde la Fundación Futuro Singular Córdoba se les hizo estos planteamientos tanto en las alegaciones presentadas como en una reunión específica para ello con la delegada de Córdoba, dónde quedó patente que la Fundación realiza importantes esfuerzos económicos para dar respuesta a estas necesidades que la administración no asume.
Este cierre no se produce por una reconversión de los centros educativos específicos en centros de recursos que acompañen a un modelo inclusivo, con lo que podríamos estar de acuerdo si se hiciese bien, sino por un mero recorte económico.
La sensibilidad de las administraciones, autonómica y estatal, hacia las personas con discapacidad intelectual va quedando en evidencia una vez tras otra, hace unas semanas con la ridícula actualización de precios de los servicios sociales que se presentó, un 2,6%, cuando se ha demostrado en reiteradas ocasiones que el desfase en los precios provocado en los últimos años supera el 25%. Y ahora se suma el cierre de aulas en colegios específicos.
Desde Futuro Singular Córdoba seguiremos luchando por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y la adecuación de los apoyos necesarios que estas necesitan, a pesar de que las administraciones públicas parecen no compartir este propósito.