El Ayuntamiento de Peñarroya Pueblonuevo y la Fundación Prode firmaron el convenio para la gestión de la residencia de gravemente afectados.
La rúbrica del convenio corrió a cargo del alcalde, José Ignacio Expósito (PSOE), y el Presidente de Prode Blas García.
El alcalde peñarriblense resaltó que “desde el ayuntamiento venimos trabajando desde el primer día de la legislatura en este proyecto, ya que era uno de los principales retos que nos marcamos cuando accedimos al gobierno municipal, ya que la puesta en marcha de esta infraestructura supone la prestación de un servicio básico para un colectivo que tiene unas necesidades especiales, pero al mismo tiempo supone la creación de un importante número de puestos de trabajo estable en la localidad”.
En cuanto a la apertura de la residencia, el alcalde no quiso dar una fecha concreta pero avanzó que va a intentar que se produzca a la mayor brevedad.
El regidor explicó que una vez tengan la autorización de funcionamiento podrán abordar con responsable s de la Consejería de Bienestar Social.
El alcalde recordó que desde el consistorio se ha invertido unos 100.000 euros en la subsanación de las deficiencias de la residencia, “a parte del tema eléctrico, que se ha renovado se ha trabajado en la climatización, ascensores, cocina, placas solares, se ha revisado todo y se ha adecuado todo para que pueda entrar en funcionamiento el día de mañana sin ningún tipo de problema”, dijo Expósito.
Por su parte, el presidente de Prode destacó que han tenido un gran interés en la zona y que la apertura de la residencia va a permitir ofrecer un servicio a las personas con discapacidad y a su vez supondrá la creación de empleo.
La propuesta que presentó Prode plantea una mejora de 15 puestos de trabajo con respecto a la ratio que establece la Junta de Andalucía. Esto significa que una vez que esté funcionando la residencia al 100%, en lugar de generar 45 puestos de trabajo generaría 60 empleos. Estos 15 empleos complementarios a los 45 que marca la normativa plantea, se destinará a personas con algún tipo de discapacidad por lo cual se facilita que las personas que tengan un mínimo del 33% de discapacidad puedan insertarse en el mercado laboral.
El pasado 30 de mayo la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Bienestar Social, daba el visto bueno a la residencia de gravemente afectados para la obtención de la autorización de funcionamiento, último requisito que se necesitaba para poder solicitar la concertación de plazas y su posterior apertura.
La construcción de la residencia se concluyó en 2011, tras una inversión de cerca de 3 millones de euros financiados con Fondos Miner.