Los dos cazadores de Aznalcázar (Sevilla) imputados por la Guardia Civil por la muerte de un lince ibérico en esta localidad del Espacio Natural de Doñana afrontan una pena de hasta dos años de cárcel y una multa de entre 200.001 y 2.000.000 de euros, según la documentación judicial.
La Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, legislación básica del Estado, estipula como infracción muy grave "la destrucción, muerte, deterioro, recolección, comercio o intercambio, captura y oferta con fines de venta o intercambio o naturalización no autorizadas de especies de flora y fauna catalogadas en peligro de extinción, así como la de sus propágulos o restos".
El lince ibérico, considerado el felino en mayor peligro de extinción del planeta, está incluido en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas desde hace más de 20 años y se le considera una especie en peligro crítico de extinción, el mayor nivel de riesgo establecido por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Otro artículo de esta ley estatal matiza que "en la imposición de las sanciones se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente su repercusión, su trascendencia por lo que respecta a la seguridad de las personas o bienes protegidos por esta Ley, las circunstancias del responsable, su grado de malicia, participación y beneficio obtenido, así como la irreversibilidad de los daños o deterioros producidos".
Esta ley estatal señala que la tipificación y cuantía de estas sanciones administrativas pueden ser agravadas por la legislación que aprueben las comunidades autónomas.
Además, el Código Penal establece que los dos imputados por la muerte de este lince podrían ser condenados hasta con dos años de cárcel si se demuestra que esta muerte fue intencionada.
En este caso, la necropsia del lince, cuyo cadáver fue encontrado el 1 de agosto pasado, reveló que había recibido al menos 32 perdigonazos y que podría haber sido apaleado.
El consejero andaluz de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, ha calificado en varias ocasiones de "canallada" la muerte de este lince y su departamento ha decretado el cierre cautelar del coto de caza 'Cortijo de Quemas', junto al que fue hallado muerto este felino.
Un antecedente de este caso fue la sanción de 26 millones de pesetas impuesta en su día por la Junta de Andalucía a la Sociedad Agraria de Transformación (SAT) Guadiamar por la muerte de un lince ocurrida en sus terrenos el 4 de agosto de 1994, que fue finalmente anulada en los tribunales por defectos formales.
Otro antecedente es el juicio que contra dos ganaderos de Andújar (Jaén) para quienes el fiscal pide dos años de cárcel por el envenenamiento de un lince en un gallinero de su propiedad, ocurrido en noviembre de 2008.
El fiscal de este caso, pendiente de sentencia, también reclama a los acusados que indemnicen a la Junta de Andalucía con 115.428 euros por la muerte de este lince, petición que se basa en un informe de técnicos del programa LIFE para la conservación del lince ibérico que tasaron el precio de este ejemplar envenenado en unos 115.000 euros.
La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha también aprobó en 2008 un decreto sobre la valoración de daños y perjuicios en casos de muerte de especies de fauna silvestre amenazada que fija una sanción de 90.000 euros para el caso del lince ibérico.