El Ayuntamiento de Belmez multará con hasta mil euros a los padres que no lleven a sus hijos al colegio, según consta en la ordenanza que acaba de aprobar el Pleno de esta localidad del Alto Guadiato. El alcalde, José Porras (PSOE), ha explicado que se trata de una medida para “implicar con mayor fuerza a todos los órganos competentes dentro del ámbito local y contar con una herramienta más para intentar reducir el índice de absentismo escolar de los jóvenes en edad escolar obligatoria”.
La Policía Local, según el texto aprobado, efectuará la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y trasladará a la dirección o la jefatura de estudios a aquellos niños que se encuentren en la calle en horas lectivas, “salvo causas justificadas por los padres o tutores”. Además, en el caso de “manifiesto abandono” de sus obligaciones, el Ayuntamiento se compromete a “adoptar o ejercitar las medidas legales vigentes para garantizar una educación y protección de los menores”.
La ordenanza recoge en su articulado todo un catálogo de infracciones leves, graves y muy graves que pueden cometer los padres.
Las primeras se sancionan con multas de entre 50 y 300 euros e incluyen faltas de puntualidad continuada al colegio de sus hijos, no gestionar inicialmente plaza escolar en periodo obligatorio y no procurar la asistencia o la adecuada “educación y formación integral”, así como “no atender las necesidades sanitarias, alimenticias, higiénicas, de descanso o de comportamiento”. También se multará a los padres que no atiendan los requerimientos de los profesores o a aquellos progenitores que se nieguen a “colaborar activamente” en la ejecución de alguna medida.
Las infracciones graves imponen multas de entre 301 y 600 euros y sancionan actitudes “reincidentes” o situaciones como “encubrir” que el niño no asista al colegio; “no colaborar en el desarrollo y aprovechamiento de servicios municipales para la atención de menores expulsados”, o la reincidencia del menor en infracciones en el ámbito educativo que generen la amonestación de la dirección a través de la expulsión por periodo superior a los tres días.
En caso de infracciones muy graves, la multa puede alcanzar los mil euros. Se sancionan actitudes extremas, como casos de niños expulsados del colegio durante más de diez días o cuando los padres retiren a su hijo del sistema educativo obligatorio “para obtener algún beneficio económico o para que asuma delegación de responsabilidades”.
Para la graduación de estas sanciones, la ordenanza aclara que se tendrá en cuenta la “intencionalidad” o “negligencia”, “la gravedad de los perjuicios causados” y el porcentaje de tiempo reglamentariamente previsto a lo largo de un mes en las faltas de asistencia al colegio. Además, en aquellos casos en que la conducta de los padres pueda suponer un delito, el Ayuntamiento avisa de que remitirá el expediente instruido a la Fiscalía de Protección de Menores para la presentación de una denuncia ante el juez.
Campañas de sensibilización con lo recaudado
Con todo, el objetivo de la ordenanza no es recaudatorio, sino preventivo y tiene la intención de resolver aquellas situaciones que puedan surgir en la localidad guadiateña, explica el alcalde. Así, según recoge la propia normativa, el Ayuntamiento destinará las cantidades recaudadas en concepto de sanciones por infracción a “realizar campañas de sensibilización, celebrar jornadas formativas o profesionales, dotar de equipamiento y organizar cursos educativos, de adquisición de habilidades para padres y madres o actividades de apoyo y refuerzo educativo”. Además, a la hora de solicitar ayudas y subvenciones, los servicios sociales municipales “comprobarán” la existencia o no de situaciones de absentismo escolar en los expedientes.