El juzgado de lo contencioso-administrativo Número 1 de Córdoba ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Belmez frente al Ayuntamiento según ha dado a conocer el alcalde, José Porras (PSOE).
El día 25 de septiembre de 2017 el Grupo Municipal de IU en el ayuntamiento de Belmez, inició una acampada a la puerta del Ayuntamiento que duró, exactamente, dos meses. Con esta protesta exigían al equipo de gobierno que cumpliera con un acuerdo de pleno de 5 de febrero de 2015, en el punto 9, para iniciar una auditoria de la obra del Polígono Tecnológico Lechero de Belmez.
Porras señaló que “ante la falta de apoyo, por parte de la ciudadanía, el Grupo Municipal de IU decide, después de dos meses, levantar la acampada e interponer el 23 de noviembre de 2107 un recurso contencioso-administrativo para que sea la justicia quien decida”.
La sentencia, dictaminada el 27 de marzo, “es clara y evidente”, según informa el alcalde, ya que reza “desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Grupo Municipal de IU en el ayuntamiento de Belmez”.
Las razones son varias, según señala el regidor, “la primera es la vaguedad del acuerdo de pleno del 5 de febrero 2015, donde no se especifica en qué términos se realizaría tal auditoria”, quien añadió “por otra parte el pleno del Ayuntamiento adoptó, en sesión ordinaria de 27 de octubre de 2017 en el punto quinto, un acuerdo de modificación del de 5 de febrero de 2015 donde se ampliaba con una medición real sobre el terreno, para demostrar si lo realmente lo ejecutado coincide con las certificaciones pagadas, y con un informe jurídico ya que, siempre según el propio alcalde, pueden existir irregularidades tanto en la ejecución como en la adjudicación de las obras”.
Porras señaló que “en el momento de interponer el recurso, el Grupo Municipal de IU, debió de ignorar que en el momento de recurrir ese acuerdo de 5 de febrero de 2015 ya no existe en sus términos iníciales sino complementado con lo acordado el 27 de octubre de 2017. Pero es que, y así lo dice la sentencia, a mayor abundamiento, consta que el ayuntamiento ha iniciado algunas actuaciones tendentes a cumplir lo que se acordó en el pleno de 27 de febrero de 2017. No puede decirse que sea lo mismo que se hiciera después del pleno de febrero de 2015, porque ha sido tras el de octubre de 2017 cuando se ha concretado la auditoria a realizar. Por lo tanto la sentencia es desestimatoria con imposición de costas al recurrente y contra la que cabe recurso de apelación”.
Porras ha mostrado, junto a su equipo de gobierno, su gran satisfacción, porque según dijo, “nunca hemos tenido nada que ocultar ni nada que temer, siempre hemos confiado en la justicia y más aún cuando esta obra se ejecuta, se paga y se recepciona, provisionalmente, bajo el mandato de Izquierda Unida. Por lo tanto si existen irregularidades, ellos mejor que nadie deberían de saber qué es lo que, realmente, ocurrió durante la ejecución de dichas obras”.