El partido ecosocial entiende que es intolerable que un servicio de estas características se conceda por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales sin tener en cuenta otros criterios más allá de su coste, como deberían ser un proyecto de intervención o la experiencia de los profesionales que lo van a atender. Aunque por otra parte, este tipo de actuaciones son desde los últimos años el reflejo de las erráticas e inexistentes políticas de la Junta de Andalucía respecto de la atención al menor.

En palabras de Diego Rodríguez, coportavoz deEQUO Córdoba y trabajador del sector “La Junta de Andalucía lleva años recortando el gasto en la atención a menores, aunque su discurso haya sido otro muy diferente. Estos injustificados recortes se iniciaron con la externalización prácticamente de todos los servicios públicos, continuaron con la aniquilación de las condiciones laborales de los profesionales del sector y está concluyendo con el desmantelamiento progresivo del servicio de protección y atención al menor. Se han cerrado centros, pisos tutelados, recursos de orientación e inserción laboral, etc. El objetivo final es, aunque digan lo contrario, encontrar familias “profesionalizadas” que, a cambio de un sueldo, acojan a los niños y niñas andaluzas y les quiten el problema del medio. Ese es el “modelo” de la administración, triste pero cierto. Este caso, donde un programa de servicios sociales se vende al mejor postor es un trágico ejemplo de una política funesta, muy alejada del discurso social que vende la Junta de Andalucía.”

Por su parte, Pepa Bonilla, coportavoz en Córdoba de la formación verde, recalca que “Lo peor es que las personas que hacen uso de este servicio, varias docenas de menores, sus familias y las familias de acogida, se encuentran en un estado de indefensión, sin apenas información y viviendo un proceso de urgencia sin que se haya tenido en cuenta su valoración del programa en estos años. Es evidente que para la Junta son elementos pasivos de un servicio, no ciudadanos a escuchar. Al ser en muchos casos familias en situación de vulnerabilidad, con escasos recursos socio-económicos y con un nivel cultural y educativo por lo general muy bajo, son tratados como ciudadanos y ciudadanas de tercera categoría.
El programa Espacio Facilitador de Relaciones Familiares, cuyo concurso ha sido ganado por otra asociación, al presentar la oferta más baja, ha venido siendo gestionado sin problemas desde su creación en 2008 por una asociación de mujeres cordobesa, EncuentrAcuerdos. Este programa tiene como objetivo garantizar un entorno seguro y controlado a las relaciones de los y las menores bajo tutela con sus familias biológicas.

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