Soto culpó a la Junta de Andalucía de la difícil situación económica por la que están pasando ya que señalo que la administración autonómica les adeuda 814.296 euros desde el año 2010 por el impago de diferentes programas.
Dentro de las cuantía que les adeudan destaca 190.000 euros del Orienta 13/14, 101.000 euros del EPES 13/14; 63.000 euros del Laboranova de 2011, o 53.000 euros de dos cursos FPO para mayores de 45 años.
La presidenta dio a conocer que han tenido que pagar el IRPF de los fondos que tenían del remanente de tesorería, pero que ya no tienen para pagar las nóminas en febrero, “hasta hoy hemos podido anticipar el coste del personal que adeuda la Junta, pero en las actuales circunstancias no podemos asegurar el pago regular de la nómina de los 70 trabajadores de la plantilla, he mantenido una reunión con los trabajadores a los que les he explicado la situación económica que tenemos, puedo decir que contamos con el apoyo de ellos para lo que vayamos a hacer”.
Soto señaló que se sienten “engañados” por la Junta ya que “nos lo llevan prometiendo que nos van a pagar desde hace tiempo pero nunca cumplen su palabra, todas y cada una de las deudas han sido justificadas en tiempo y forma por los servicios administrativos mancomunados, en muchos casos adjuntando informes de auditoría externa que confirman la idoneidad del gasto, la realización del programa y el cumplimiento de objetivos, no habiendo sido objetivos de la entidad de expediente de reintegro, ni reparo alguno ”.
La presidenta informó que ha mantenido distintas reuniones con delegados, la última el pasado mes de diciembre con la ya ex delegada del Gobierno en Córdoba, Isabel Ambrosio, quien se comprometió a hacer efectivo los primeros pagos de la deuda durante la primera quincena de enero, pero que aún no se han producido.
La situación está provocando incluso la demora en el inicio efectivo del programa orienta de este año, “con el consiguiente perjuicio para la orientación laboral de los desempleados de los municipios del Guadiato, a los que atienden los técnicos adscritos”, dijo Soto.
Desde la mancomunidad se plantean iniciar acciones judiciales contra la Junta, “la gravedad del problema obliga al equipo de Gobierno de la Mancomunidad a plantearse la necesidad de promover contra la Junta demandas judiciales de responsabilidad administrativa y patrimonial, para resarcir los daños causados por las imperdonables demoras en la satisfacción de los pagos y que viene condicionando el normal funcionamiento de la entidad”, indicó la presidenta.
Por último, Soto avanzó, que el próximo 27 de enero hay prevista la reunión del consejo, con la presencia de todos los alcaldes, en la que se decidirá las medidas a tomar.

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