A punto de cumplirse un año de la que se denominó operación Rocket, y que acabó con la detención de la ex alcaldesa de Peñarroya Pueblonuevo, la socialista Luisa Ruiz, y dos empresarios, por supuestas irregularidades en la gestión de Fondos Miner, poco a poco se van sabiendo nuevas cosas.
El pasado 14 de octubre concluían la ronda de declaraciones y aún no se ha iniciado el juicio en el que se dirimirá las responsabilidades.
A lo largo de este periodo se han producido hechos que han podido contribuir a su ralentización como fue el cambio de Juez que se produjo hace unos meses
Según ha podido saber este medio entre las muchas cosas que recoge, el informe especifica que Ruiz no se ha enriquecido en el periodo que ha estado al frente del ayuntamiento de Peñarroya Pueblonuevo.
El informe patrimonial elaborado por la Unidad de delitos económicos especifica que el estudio comprendido desde el uno de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2011 revela que tanto los bienes patrimoniales como los saldos en cuenta se mantienen constantes ya que las cuentas bancarias están caracterizadas por un equilibrio entre el dinero que entra y el que sale.
Po otro lado los bienes inmuebles al inicio del periodo son los mismos que al final del periodo de estudio.
Las fuentes utilizadas para la elaboración del informe han sido el Registro Mercantil, el de la propiedad, el Registro de Bienes muebles, el Catastro, la Dirección General de Tráfico, el Consejo General del Notariado, así como la Agencia Estatal de Administración tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social así como entidades de crédito, financieras y bancarias.
Por otra parte se exculpa al club y a su presidente, Amado Gallardo. En el informe de la Guardia Civil se estimaba necesario tener acceso a la documentación relativa a los pagos de dicho club ya que existía un volumen muy significativo de movimientos económicos en efectivo, los cuales podían encubrir actividades delictivas. Pero tras el análisis de la documentación el informe concluye que los movimientos se corresponden con abonos de pagos a jugadores “lo cual aunque resulta sorprendente a día de hoy no reviste carácter delictivo a juicio de esta unidad. Por tanto se descarta esta línea de investigación al no haber ya indicios de comisión de delito alguno por parte del Club Polideportivo Peñarroya Pueblonuevo, ni por su presidente Amado Gallardo”.
El sumario que sobrepasa los mil folios concluye con esta afirmación en uno de sus apartados.
El pasado mes de diciembre se levantó el secreto de sumario de la operación Rocket y desde entonces se han ido conociendo datos a cuenta gotas.
El pasado 24 de octubre el Juzgado de Instrucción número 2 de Peñarroya-Pueblonuevo dejaba en libertad y sin medidas cautelares a la ex alcaldesa peñarriblense y a los dos empresarios detenidos en el marco de la operación Rocket que investiga supuestas irregularidades en subvenciones al desarrollo en el municipio entre 2007 y 2011.
La investigación arrancó ante la sospecha de irregularidades en la concesión de ayudas a los proyectos del Tren Turístico del Guadiato y del Museo del Ferrocarril.
La operación policial se desarrolló de forma simultánea en Córdoba, Barcelona, Lérida, Valencia y León -lugares donde se gestaron en alguna medida los proyectos frustrados del Tren Turístico del Guadiato y del Museo del Ferrocarril- y culminó con la detención de las tres personas. En el marco de la misma operación y por los mismos hechos, han resultado imputadas otras diez personas -siete en Córdoba- también por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, prevaricación administrativa y falsedad en documento público.
Según la información del propio Ministerio del Interior, la operación fue fruto de una investigación desarrollada a raíz de una denuncia del actual gobierno municipal de Peñarroya, del PP, a la UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, para esclarecer el destino final de subvenciones europeas, nacionales y autonómicas, otorgadas para el desarrollo económico de las antiguas zonas mineras del carbón, así como irregularidades que también afectarían a los posteriores procesos de contratación pública que se articulaban para hacer efectivas las distintas actuaciones subvencionadas.
A mediados de 2008, se presentó el proyecto del tren turístico del Guadiato, una iniciativa que se esperaba entrase en funcionamiento en 2011.
La alcaldesa peñarriblense ya dijo que las supuestas irregularidades se detectaron en una subvención de 1,8 millones de euros de los fondos Miner para el tren y en otra de 500.000 euros del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) para el Museo del Ferrocarril.

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