El artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prohíbe a los Estados miembros financiarse directamente a través del Banco Central Europeo (BCE), obligándolos por lo tanto a tener que pedir dinero prestado a los bancos privados. Estos bancos sí pueden acudir al BCE para obtener dinero barato, así que en la práctica acaban actuando como simples intermediarios entre los Estados y el BCE, obteniendo beneficios muy jugosos por esta gestión de intermediación. Es evidente que el propio diseño de la Unión Europea está pensado para que la banca privada tenga un negocio seguro, ya que de no ser por esta prohibición los Estados podrían acudir directamente al BCE para financiarse de forma barata y los bancos perderían su lucrativa actividad de intermediarios financieros.
A menudo numerosas organizaciones civiles así como determinadas agrupaciones políticas le han exigido al Gobierno español (tanto del PP como del PSOE) instaurar y desarrollar una banca pública. La idea esencial es que de esta forma la banca pública podría financiarse de forma barata en el BCE y luego volver a prestar el dinero al Estado o a cualquier administración pública pero al mismo coste, mucho más reducido que el que tiene que asumir por pedir dinero a la banca privada (puesto que por su carácter privado necesita obtener beneficios para sobrevivir, algo que no le ocurre a una entidad pública). Sin embargo, ningún Gobierno ha querido escuchar las demandas, alegando que la banca pública es cosa del pasado y mucho más ineficaz, costosa e ineficiente que la banca privada.
Pero eso de cara a la galería, claro, porque el Gobierno de Rajoy hace tiempo que decidió recurrir a lo poco de banca pública que aún queda en España para intentar sortear los obstáculos que le impone la banca privada. Eso sí, por la puerta de atrás para que nadie le pueda echar en cara que se esté aprovechando de las ventajas de la banca pública cuando no se cansan de repetir que ésta sólo presenta inconvenientes frente a la privada.
A comienzos de 2012, en plena crisis de la deuda pública, cuando la prima de riesgo alcanzó cotas inimaginables y cuando el coste de financiación de las administraciones públicas era estratosférico, al Gobierno de Rajoy se le ocurrió que podían utilizar una entidad pública de crédito (el Instituto de Crédito Oficial –ICO–) para que las administraciones públicas se financiaran. El punto 2 del artículo mencionado aclara que la prohibición no afecta a las entidades públicas de crédito, por lo que éstas pueden obtener dinero a un coste reducido en el BCE y luego utilizarlo para prestarlo a cualquier agente económico, también a un precio reducido. Por lo tanto, el ICO acudió en 2012 a la ventanilla del BCE para pedir prestados 20.000 millones de euros con los que financió al Estado y a las comunidades autónomas. Un atajo muy útil para obtener financiación a un coste bajo.
Pero no quedó ahí la cosa. En 2013 y 2014 los problemas de financiación de las administraciones locales se redujeron notablemente, por lo que no fue necesario volver a acudir a este pequeño banco público. Sin embargo, lo que sí seguía (y sigue) suponiendo un grave problema es que los bancos privados apenas dan préstamos a las familias y empresas. De nuevo al Gobierno de Rajoy se le ocurrió una excelente idea: recurrir otra vez a la banca pública. Durante todo 2013 el ICO ofreció créditos por valor de 22.000 millones de euros a las empresas. Hasta mediados de septiembre de 2014 la entidad pública de crédito ha concedido 14.630 millones de euros en más de 197.000 operaciones, más del doble que durante el mismo período del año anterior. Precisamente ésta es la explicación de que el hundimiento del crédito en España se haya frenado desde 2013 (aunque la caída continúa). Lo llamativo de esto es que el Gobierno venda como una buena noticia que 2013 y 2014 no estén siendo años tan malos en cuanto a créditos a familias y empresas, sin especificar que ha sido gracias a un banco público.
La hipocresía de este Gobierno es máxima: reniega oficialmente de la banca pública por considerarla peor herramienta que la banca privada pero al mismo tiempo recurre a los canales de la primera cuando la segunda resulta inservible o muy costosa. Todo esto no hace sino reforzar la idea de que para poder gestionar la economía de forma que sea útil a la mayoría de la población necesitamos una potente banca pública que permita una mejor financiación bancaria, a menor coste y sin necesidad de hacer de oro a una minoría de la población a costa del resto.

---

<< Volver a Economía