El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo ha dejado prescribir la expropiación de 50.000 metros cuadrados en las inmediaciones del polígono industrial Vega Currillo al no haber hecho efectivo el pago. Se trata de una expropiación que el anterior equipo de gobierno, del PSOE, realizó en esta zona del término municipal para poder llevar a cabo la escollera que permitiera evacuar el agua de lluvia de la zona fabril.
El Consistorio, con la socialista Luisa Ruiz en al Alcaldía, se vio obligado a recurrir a una expropiación forzosa ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los propietarios de este suelo, que se resolvió con el pago de 60.000 euros, una operación que ahora queda en suspenso y deja entre signos de interrogación el futuro del polígono de Vega Currillo. Para poder llevar a cabo esta expropiación, el ayuntamiento peñarriblense tuvo que conseguir la aprobación de la Junta de Andalucía, ya que se estimó que era un suelo de interés público.
Desde mayo de 2012, el polígono industrial de Vega Currillo dispone de la certificación definitiva como suelo urbanizable, un proceso largo que arrancó en junio de 2011, cuando la Consejería de Medio Ambiente emitió el informe de valoración ambiental. En este documento se expresaba un posicionamiento favorable al cambio de la calificación de no urbanizable a urbanizable. Éste era el último trámite necesario para hacer efectiva la recalificación de los más de 500.000 metros de suelo por los que el Ayuntamiento desembolsó alrededor de tres millones de euros. En cuanto al documento de innovación y modificación del planteamiento general vigente de la localidad, fue aprobado inicialmente por el Pleno del Consistorio en diciembre de 2009. En agosto de 2010, Medio Ambiente recibía del Ayuntamiento una serie de modificaciones en el escrito que se había aprobado inicialmente.
Estos cambios se produjeron por indicación de la Agencia Andaluza del Agua, ya que la zona Sur de la actuación propuesta afectaba al dominio hidraúlico de dos cauces públicos. Además, se encontraba muy próxima al embalse de Sierra Boyera y afectaba por ello a su zona de protección. Así, esta circunstancia obligó a la reordenación del sector, ampliando la superficie destinada a espacios libres en la mitad Sur.
La portavoz socialista en el Ayuntamiento peñarriblense, Luisa Ruiz, lamentó que el actual equipo de gobierno haya optado por "dejar que pase el tiempo establecido para hacer efectivo el pago", con la consecuencia de que ha prescrito la expropiación forzosa. Esto derivará en "consecuencias muy negativas", pues el Ayuntamiento tendrá que iniciar de nuevo el expediente y conseguir de nuevo la autorización de la Junta de Andalucía. Ruiz dijo que esto provocará "un retraso de más de un año hasta llegar al punto en el que ya estábamos".
Ruiz quiso aclarar también lo ocurrido con las expropiaciones de Reina Victoria, sobre las que dijo que de común acuerdo con los propietarios se decidió acudir al Tribunal de Expropiaciones para que estableciese un precio. "El fallo ya se produjo en 2012, con el PP en el gobierno municipal, pero todavía no ha pagado a los propietarios", recordó.

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