El PP de Córdoba ha lamentado este jueves que la Junta de Andalucía pretenda, "de forma silenciosa, callada y paulatina, desmantelar los Grupos de Desarrollo Rural (GDR)" de la comunidad autónoma. Así lo han afirmado la alcaldesa de Fuente Obejuna (Córdoba) y presidenta del GDR Valle del Alto Guadiato, Isabel Cabezas, y la parlamentaria andaluza del PP por Córdoba Rafaela Obrero.
En rueda de prensa, Cabezas ha recordado la situación de "paralización, de más de un año, que viven los GDR por la aplicación de medidas cautelares de la Junta de Andalucía en la gestión de los mismos y en el reparto de subvenciones a empresarios y promotores del mundo rural, principalmente de la industria agroganadera en nuestra provincia".
La alcaldesa mellariense ha explicado que, "si todo responde a un error administrativo en la aplicación de la norma de propia Junta de Andalucía en la gestión de los GDR, esta medida es desproporcionada y está sobredimensionada y está trayendo graves consecuencias, tanto para los GDR, como para los proyectos empresariales que en ellos se gestionan, y que redundan directamente en el mundo rural, en este caso de nuestra provincia. Mucho nos tememos que estas medidas cautelares respondan a algo más serio, porque de lo contrario no tiene sentido aplicar medidas tan drásticas".
Dentro de las medidas cautelares que ha impuesto la Junta de Andalucía a estos GDR está la de inspeccionar todos los grupos existentes en Andalucía, que son 52. "Si esto así, teniendo en cuenta que solo se han inspeccionado ocho, nos gustaría saber cuánto tiempo va necesitar la Junta para hacer las inspecciones al resto de grupos, porque mientras tanto todos los GDR están pagando las consecuencias", según ha lamentado Isabel Cabezas.
Esta situación está redundando en "un cerrojazo total a la generación de empleo en el mundo rural, a la dinamización del mundo rural, al mantenimiento y consolidación de puestos de trabajo, a la incorporación de jóvenes y mujeres al campo cordobés" y favorece "la despoblación de los municipios más pequeños de zonas rurales", según ha indicado Cabezas, quien ha dicho que en los GDR se ven "impotentes" por "no poder atender a los empresarios del mundo rural que todavía esperan las ayudas para sacar adelante sus proyectos empresariales, a pesar de contar con los fondos europeos destinados a ello y que la Junta tiene retenidos".
A juicio de Cabezas, "es lamentable que Andalucía sea la única comunidad autónoma de España que se ve en esta situación de parálisis en la gestión de los GDR por los continuos cambios de norma, de dirección y de criterio de la Junta de Andalucía en este asunto; cuando en otras regiones de España ya están cerrando el programa y preparando el próximo programa marco".
La alcaldesa de Fuente Obejuna ha defendido el trabajo de los GDR, tras 20 años de funcionamiento, y ha criticado "la falta de dialogo de la Consejería de Agricultura", razón por la que ha pedido a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, "a quien se le llena la boca hablando de su apoyo al mundo rural, que ponga a trabajar a la Consejería de Agricultura para solucionar esta situación, que afecta directamente a la creación de empleo en el mundo rural andaluz y cordobés" y "que deje de marear la perdiz y de culpar a los demás de su falta de responsabilidad; la situación de los GDR es un problema de la Junta, provocado por la Junta y ella es quien tiene que buscar la solución".
Por su parte, la parlamentaria cordobesa Rafaela Obrero ha mantenido que la Junta de Andalucía "no puede hacer caer la responsabilidad sobre los hombros de quien ha hecho las cosas según las instrucciones de la propia Consejería de Agricultura, por lo tanto la Junta debe asumir su error y garantizar que los GDR sigan funcionando".
Obrero ha recordado como en 2010, en la presentación de los manuales de procedimiento de los GDR, "los gerentes de estos grupos señalaron que había muchos fallos y lagunas, a lo que la Junta respondió que era un manual incompleto pero vivo, que se iría perfeccionando a lo largo del programa. Después llegaron los cambios de normas, de criterios y la descoordinación, que ahora están perjudicando a la gestión de los GDR".
Además de esto, los GDR se enfrentan, según el PP, "a la devolución de gastos de funcionamiento hasta el 20% de las cantidades destinadas a proyectos subvencionables, y que van a suponer unos 12 millones de euros en toda Andalucía". De hecho, "hay GDR que van a tener que devolver hasta 250.000 euros, cantidades astronómicas que no tienen y que también les van a llevar al cierre y al desmantelamiento".
En opinión de Obrero, "la Junta quiere acabar con los GDR y van a tener bloqueado su funcionamiento hasta que en septiembre de este año cumpla el marco del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013, en el que comprometer las inversiones y proyectos sujetos a los Feder, los fondos europeos, para no tener que aportar el 20% de financiación autonómica, ya que el 80% restante procede de esos fondos europeos".
En definitiva, para Obrero, resulta "una frivolidad que la consejera solo hable de un error administrativo, sin tener en cuenta las graves consecuencias que está suponiendo para los empresarios y la sociedad del mundo rural andaluz y cordobés".

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