Qué la Iglesia no está obligada a pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles, a pesar de que lo hayan intentado algunos Ayuntamientos “progres”, está claro. ¿Qué por qué?. Pues porque, salvo que cambie la Norma, no tiene que pagar este impuesto ya que legalmente está exenta de hacerlo, en aplicación de la Ley de Mecenazgo de 2002, que establece que la Iglesia no está obligada a pagar el IBI, al igual que ocurre con determinadas fundaciones, asociaciones o instituciones culturales (Cruz Roja, Instituto Cervantes, Universidades Públicas, etc, etc).
A mí me parece muy bien que no lo pague, porque la Iglesia se merece esta excepcionalidad en base al inmenso servicio que desinteresadamente presta a la sociedad en múltiples campos de la atención social. Me permito recordar aquí el incalculable ahorro de gastos al Estado que sus actividades genera, y que aparte otras consideraciones de tipo ideológico, debería bastar a cualquiera para reconocer la impagable labor que realiza, y aplaudir, de paso, a sus miles de voluntarios altruistas.
¡¡¡Casi cuatrocientos mil desahucios desde que comenzó la crisis!!!. ¡Más de trescientos cincuenta diarios!. Una tragedia imposible de admitir por una sociedad que se precie de ser solidaria con sus conciudadanos. ¿Pero qué se puede hacer?. Aquí, y hay que ser objetivos, confluyen intereses contrapuestos. Por un lado el drama de tantas familias que tienen que abandonar sus casas por no poderlas pagar. Por otro, el derecho que tienen Bancos, empresas y, ¡ojo!, también particulares, de reclamar lo que legalmente le corresponde. ¿Cómo evitar, entonces, los desahucios?. Pues, habría que cambiar la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria. Entre tanto, los jueces no tienen más remedio que aplicar la Ley, so pena de incurrir en responsabilidad. Por eso, quienes claman de buena fe por una justa causa, ante una situación extrema para muchas familias, no pueden exigir que se actúe en contra de la legalidad vigente. ¿Se ha tenido en cuenta, también, que el dinero que los Bancos prestan a sus clientes, es en gran parte propiedad de otras personas, la mayoría de ellas pequeños ahorradores, que tienen derecho a recuperar sus depósitos sin sobresaltos, y las entidades la obligación de gestionar y administrar los depósitos de sus clientes de la mejor manera posible?. Es más, ¿qué particular, cualquiera de nosotros, dejaría de ejercitar sus derechos a fin de recuperar una deuda importante?. Verdaderamente la situación es dramática, y la solución complicada. Porque, ¿qué Banco, ni nadie, iba a dar préstamos (hipotecarios o personales) a terceros si se le cercena el derecho a recuperar la prestado?. Empecemos exigiendo, ¡¡pero ya!!, de inmediato, con fuerza y rotundidad, una Ley que contemple que los Bancos dejen de hacer leña del árbol caído, y den por saldada totalmente la deuda con la entrega voluntaria de la vivienda (dación en pago), evitando litigios judiciales y muchísimos gastos, y que, entre tanto, las entidades financieras apliquen el código de buenas prácticas a que se comprometieron con el Gobierno para minimizar la tragedia, a la espera de esa urgente y difícil modificación de la Ley.
Al derecho que actualmente le concede la Ley al acreedor para recuperar lo prestado, siendo el desahucio un paso en el ejercicio de ese derecho, le ha llamado inmoral algún prelado, y, de igual manera, y con el mismo derecho, habrá también quien se atreva a calificar de inmoral a la Iglesia porque en una situación tan grave, de motu propio, no decida pagar voluntariamente el IBI de sus innumerables inmuebles, que de seguro alcanzarán varios millones de euros, y servirían para solventar muchas situaciones familiares desesperadas; o también, porque teniendo miles y miles de inmuebles no los acondiciona para ser destinados temporalmente a viviendas; o porque no los vende al mejor postor, para con el dinero recaudado, pagar muchísimas hipotecas en mora, que estén en riesgo inminente de desahucio. Más de uno habrá quie le recuerde aquella cita evangélica que dice que “con la vara que midas te medirán” (Mateo 7,1).

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