En España, en el contexto de la severa recesión que padecemos, la receta neoliberal para reducir drásticamente el gasto público y a la vez aumentar los ingresos del Estado para hacer frente, sobre todo, al problema de la deuda soberana es, como no, la que prescribe universalmente el FMI y, también ahora, la Comisión Europea y el BCE: pacto de estabilidad fiscal, programas de ajuste o austeridad, recortes salariales y sociales, privatizaciones de los servicios públicos y, si no hay más remedio, subida de los impuestos indirectos, preferentemente. Se trata de ahorrar y de sacar dinero de debajo de las piedras hasta acabar, sin importar el coste social, con el déficit público. Sin embargo, hay piedras que no se quieren levantar. Sin ir más lejos las del fraude fiscal.
¿A cuánto asciende en España?
En el Estado español, según la estimación del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda nada menos, el fraude fiscal anual asciende a 90.000 millones de euros. Esa cifra que los gobiernos niegan se reconoce, no obstante, en diversos estudios universitarios y en la nada sospechosa, más bien al contrario, Comisión Europea.
Y aquí viene el quid de la cuestión, ¿por qué no se quiere admitir la realidad de ese monumental fraude fiscal?
El siguiente gráfico proporcionado también por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda nos da la clave:
Como se puede ver el 72%, casi las tres cuartas partes del fraude fiscal corresponden a las grandes empresas y a los grandes patrimonios; el 17% a las PYMES; el 9% a los autónomos y tan sólo un insignificante 2% al sector no empresarial, que representa a la gran mayoría de la población.
Así es como queda desvelado el misterio. Esta vez hemos topado, en lugar de con la Iglesia, con el poderoso caballero don Dinero, con la clase que detenta, cuanto menos, el poder económico y mediático en España, una minoría intocable, formada por banqueros y grandes empresarios capitalistas, que han ejercido una tutela permanente sobre los partidos de centro izquierda y centro derecha que han gobernado el país en los ultimos 30 años.
La conclusión es evidente. Si la gran mayoría de los ciudadanos que no defraudamos y, sin embargo, padecemos el yugo de las políticas neoliberales y sus insufribles costes sociales queremos poner fin a esa injusticia flagrante, debemos exigir a todos los partidos el establecimiento de un modelo tributario justo que ponga fin al escándalo del fraude fiscal en España.

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