El sindicato plantea una propuesta para el desarrollo de una estrategia de cara a la futura reincorporación progresiva a la actividad presencial, y entiende que lo planteado por Función Pública no garantiza la seguridad y la salud del personal público y pone en riesgo la continuidad en la prestación del servicio público a la ciudadanía, viéndose afectados más de 4.500 funcionarios de los distintos departamentos ministeriales en Córdoba y provincia.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO denuncia que el Gobierno ha sacado adelante el plan de “Medidas y líneas de actuación en materia de prevención de riesgos laborales frente al coronavirus covid-19 de cara a la reincorporación presencial del personal público en la Administración General del Estado” sin alcanzar un consenso con las organizaciones sindicales más representativas y con medidas que recortan elementos que considera requisitos indispensables para garantizar suficientemente la salud del personal público, ha indicado la organización sindical.

El secretario General de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba, Luis Mena, destaca que, entre los aspectos excluidos, “llama la atención que no se recoja expresamente la adecuación al marco técnico y de buenas prácticas desarrollado por el Ministerio de Sanidad, como máxima autoridad en la materia, o la ausencia de una mención expresa a la prevención en el teletrabajo, cuando más del 60% de la plantilla se encuentra prestando servicio en esta modalidad”. Además, en una negociación colectiva “todas las partes tenemos que ceder, pero cuando hablamos de la salud y la vida de las personas no caben regateos “, afirma Mena. Por tanto, “es inadmisible que la autoridad sanitaria establezca una serie de obligaciones para el conjunto de las empresas, como por ejemplo la limitación del aforo máximo en función del área, y que estas no sean exigibles en los centros de trabajo de la Administración”, subraya el responsable sindical.

El sindicato recuerda que el estado de alarma ha llevado a la implantación de sistemas de teletrabajo, en la mayor parte de casos sin dotar de medios técnicos al personal, y sin la necesaria evaluación de los riesgos laborales. Igualmente, tiene que quedar claro que son cuestiones que se están admitiendo por lo excepcional de la situación, pero es inaplazable abordar la negociación de las condiciones laborales de esta modalidad, que viene exigiendo CCOO desde el año 2004.

CCOO denuncia, además, que se aparta a la representación del personal a la hora de adecuar este marco para la reincorporación en los diferentes organismos de la Administración del Estado, siendo fundamental abordar esta negociación colectiva en cada ámbito, ya que “las tareas y necesidades son muy específicas y, evidentemente, no pueden ser las mismas para Instituciones Penitenciarias, los centros de mayores o de menores, los organismos de investigación o el Servicio Público de Empleo Estatal, por ejemplo”, concluye Mena.

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