Esta denuncia se suma a las presentadas por el sindicato ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
El 68% de los empleados públicos infectados de Covid-19 son sanitarios

CSIF Córdoba ha denunciado ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social a la Delegación Territorial de Salud y Familias al no dotar a los profesionales de la Sanidad Pública de los equipos de material de protección individual (EPI) necesarios para evitar ser contagiados de Covid-19 y, al mismo tiempo, evitar su propagación.
Previamente, el sindicato ha remitido estas deficiencias, así como propuestas de mejora, por escrito a las direcciones gerencias de los hospitales Reina Sofía y del Alto Guadalquivir de Puente Genil y de Montilla, así como de las áreas de Gestión Sanitaria Sur y Norte de Córdoba, del Distrito Sanitario Guadalquivir y de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir. Todas estas solicitudes no han sido atendidas, poniendo en grave riesgo al personal que presta servicios en los diferentes centros sanitarios.
Esta denuncia se suma a las peticiones realizadas por CSIF a nivel nacional y autonómico ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, respectivamente, para que se establezcan medidas cautelares para que en el plazo de 24 horas la Administración dote a los profesionales de los medios necesarios de protección. La solicitud que realiza el sindicato afecta a todos los profesionales de las áreas y zonas sanitarias, tanto de hospitales como centros de Atención Primaria, 061, agencias y servicios sanitarios públicos y privados.
CSIF defiende en el escrito que “los profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA) se encuentran desbordados por la falta de medios para atenderlos con la eficacia necesaria, tanto por la escasez de material esencial para el diagnóstico de la enfermedad causada por el Covid-19, como para la protección de su salud, con un altísimo riesgo de contagio y, con ello, con un peligro exponencial de contagio a terceros”.
CSIF reclama para estos trabajadores batas impermeables, mandiles, mascarillas FPP2 y FPP3, gafas de protección, calzas específicas y contenedores de grandes residuos. “Todo ello sin perjuicio de lo que la Inspección Provincial considere más oportuno atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada momento”, afirma el escrito.
Hasta el momento, en la provincia de Córdoba, la mayoría de los trabajadores públicos que se han visto obligados a no acudir a su puesto por resultar contagiados o guardar cuarentena pertenecen al sector de la sanidad pública. Concretamente, de los 222 empleados públicos afectados por coronavirus en nuestra provincia (173 contagiados y 49 en cuarentena), 152 son profesionales de la sanidad pública (138 contagiados y 14 en cuarentena), lo que supone el 68% del total.

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