El Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Córdoba recuerda que en el caso de Andalucía no hay nada regulado sobre el veto parental y, por tanto, la ausencia de escolares a actividades complementarias por deseo de los progenitores es una falta no justificada.

El Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Córdoba ha celebrado hoy una asamblea informativa dirigida a delegados y delegadas sindicales en la que, entre otras cuestiones, se ha abordado la postura del sindicato ante el llamado “veto parental” y cómo se debe actuar en el caso de que los padres presenten en los centros peticiones de la no participación de sus hijos o/e hijas en actividades complementarias.

El responsable de Pública Docente del citado sindicato provincial, Francisco Cobos, señaló que el veto parental “es un ataque frontal contra la libertad de cátedra y contra las libertades de enseñanzas. Ataca los principios en los que se fundamenta la docencia, una situación no nueva que ha adoptado nuevas formas, en línea con el concepto manipulado de ‘libertad de las familias’, para someter la profesión docente a intereses ideológicos, políticos y religiosos. Y es una estrategia que está dejando huella: la desconfianza de un sector de la sociedad hacia el colectivo docente”.

“El veto parental es otra vuelta de tuerca más en la política de desacreditación de la profesión docente llevada a cabo por una parte importante de nuestros representantes políticos y que ha calado en algunos sectores de la sociedad, siendo uno de los principales problemas con los que se encuentra la escuela pública: un profesorado que no se siente valorado ni respaldado en sus decisiones, sino cuestionado y fiscalizado”, afirma Cobos quien remarca que “aunque no hay nada regulado en Andalucía sobre el veto parental, hay padres que ya han presentado en centros peticiones de la no participación de sus hijos y/o hijas en actividades complementarias”.

Ante esta situación, CCOO considera que la ausencia de escolares a actividades complementarias por deseo de los progenitores debe ser considerada una falta no justificada salvo instrucciones de un superior jerárquico, en cuyo caso aconseja al profesorado solicitar por escrito dicha instrucción.

El sindicato ha realizado diferentes modelos de escritos para trasladar a la dirección del centro, a la Inspección de la Delegación Territorial y a la propia Consejería de Educación la solicitud de los padres y el parecer del docente afectado en cuanto a la ilegalidad de dicha petición con el objetivo de evitar cualquier actuación que provoque la imposición de una medida disciplinaria que obligue al profesorado a defenderse judicialmente de una eventual sanción por desobediencia, o cualquier otra denuncia administrativa o judicial de padres y/o madres como algunas organizaciones vienen alimentando.

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