La portavoz del PSOE en la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales del Parlamento de Andalucía, Soledad Pérez, mantuvo un encuentro para informar de la Renta Mínima de Inserción Social en la sede del PSOE de Peñarroya Pueblonuevo.
Pérez, que estuvo acompañada por el Secretario General del PSOE en Peñarroya Pueblonuevo, José Ignacio Expósito, informó que la Renta Mínima de Inserción Social beneficiará, según las estimaciones de su partido, a unas 5.400 familias cordobesas, es decir, a unas 16.000 personas.
Pérez señaló que la Renta Mínima de Inserción Social nace como una ley con carácter subjetivo y con ella se protegerá a las personas más vulnerables, con una prestación que oscilará entre los 419,52 euros y los 779,87 euros mensuales, durante 12 meses, y que se resolverá en el plazo de dos meses desde que se complete el expediente administrativo.
Con el Decreto Ley de Renta Mínima de Inserción Social, que entró en vigor el 1 de enero, Andalucía cumple con la garantía de derechos sociales que establece y nos exige nuestro Estatuto de Autonomía, dijo Pérez, quien ha añadido que conforma un nuevo modelo de atención y cobertura social en Andalucía, basado en criterios de universalidad y con medidas de acción positiva en la cobertura
Este nuevo derecho tiene como prioridad la atención a los menores, así como a las familias monoparentales y a las mujeres víctimas de la violencia de género y, según la parlamentaria socialista, se concibe como un instrumento para la inserción social y laboral en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la marginación en Andalucía.
Con la puesta en marcha de esta Renta Mínima de Inserción Social, el Gobierno andaluz combate la desigualdad y la precariedad que ha traído consigo la crisis económica y la reforma laboral del PP, mientras que en Andalucía damos un paso más y reforzamos nuestro compromiso con las personas que peor lo están pasando, dijo.
Pérez insistió en que se trata de una garantía de ingresos que se complementa siempre con un plan de inclusión, de acompañamiento para la inserción laboral y social para que las familias beneficiarias puedan salir de la situación en la que se encuentran.
Por último afirmó que la aceptación de la prestación conlleva un compromiso para los beneficiarios, que deberán participar en un plan de inclusión sociolaboral personalizado, que diseñará el SAE junto a los servicios sociales comunitarios y que se elaborará en el plazo de un mes a partir de la concesión de la ayuda.

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