La plantilla de la Agrupación de Tráfico en la provincia de Córdoba se ha reducido un 9%, pasando de 184 efectivos en 2010 a 167 en 2017, lo cual ha llevado aparejado también un descenso del 9% en el número de patrullas, así como una caída en el número de denuncias y un incremento de las víctimas mortales.
Ese déficit de personal está afectando en mayor medida a los Equipos de Atestados, hasta el punto de que la Agrupación de Tráfico pudiera tener prevista la supresión de las bases de dichos equipos ubicadas en Peñarroya-Pueblonuevo y Lucena, según se comunicó extraoficialmente hace tiempo, lo cual parece confirmar el hecho de que no se estén cubriendo las vacantes que se producen.
Debe tenerse en cuenta que uno de los cometidos principales de esos equipos es la investigación de accidentes de tráfico para la determinación de sus causas, y esa reestructuración conllevaría un aumento del tiempo de respuesta ante accidentes, pero también afectará a la calidad de los informes, así como al apoyo que se presta a las Policías Locales y al resto de unidades de la propia Guardia Civil.
Y además supondría un incremento de la responsabilidad y de la carga de trabajo para los Motoristas de Tráfico, que deberían asumir cometidos que actualmente realizan los Equipos de Atestados que se suprimirían. La pretensión sería convertir a los motoristas en “superagentes” de la carretera mal retribuidos, equipados de medidor de velocidad, etilómetro, drogotest, lector de microchip, etc., medios que difícilmente pueden ser transportados simultáneamente en las motocicletas.
A pesar de que la Agrupación de Tráfico padece el mayor índice de accidentalidad de la Guardia Civil, un 18% más que el resto de dicho Cuerpo, desde que se implantó en 2007 el suplemento de seguridad vial para los componentes de la Agrupación, dicho complemento retributivo no sólo no se ha incrementado, sino que además se ha reducido hasta un 5%. Este cúmulo de circunstancias está dando lugar a que la especialidad de Tráfico sea cada vez menos atractiva para los guardias civiles, tanto los que pertenecen a ella como el resto.
Y todo lo anterior coincide con el progresivo aumento de la siniestralidad y de víctimas mortales en las carreteras. Tras catorce años consecutivos de descenso, en los últimos años se han producido incrementos considerables, siendo 2017 incluso mucho peor que el anterior, al haberse producido 23 fallecidos en la provincia de Córdoba mientras que en 2016 fueron 14, y a nivel nacional en 2017 se han registrado 36 víctimas mortales más que en 2016, habiendo pasado de 1.161 a 1.197, el peor dato desde 2013, y ello a pesar de que sólo se refiere a vías interurbanas. Desde hace dos décadas no se registraban dos años consecutivos de aumento.
Estos datos ponen de manifiesto una pésima gestión de la seguridad vial por parte de la Dirección General de Tráfico y de la Jefatura de la Agrupación. A dicha situación se ha llegado como consecuencia de varios factores confluyentes –mayor antigüedad del parque de vehículos, mala conservación de las vías, aumento del consumo de drogas por los conductores, etc.–, pero sin duda ha influido también de un modo decisivo la reducción del número de patrullas en carretera y el recorte de personal sufrido en la Guardia Civil durante los últimos años.
Y en vez de incrementar los efectivos, lo único que se le ocurre a la Jefatura de la Agrupación de Tráfico es aumentar la carga de trabajo de los agentes. Es ilógico que se pretenda seguir prestando los mismos servicios con menos personal, teniendo en cuenta que la plantilla de la Agrupación ha pasado de 10.147 efectivos en 2010 a 8.985 en 2017.

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