• El Sindicato de Enfermería defiende la integración de la sanidad penitenciaria en los correspondientes servicios de salud, para conseguir que la población reclusa reciba una atención sanitaria en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos.
• Distintas normativas nacionales, recomendaciones de la Unión Europea e iniciativas en el Congreso y el Senado defienden el traspaso de unas competencias que lleva pendiente más de 30 años, recuerda SATSE.

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha reclamado a los Gobiernos central y autonómicos que agilicen los trabajos pendientes para propiciar la integración de la sanidad penitenciaria en los correspondientes servicios de salud, y, de esta forma, dar cumplimiento al mandato constitucional de que todos los españoles tengan acceso en igualdad de condiciones al derecho de protección de su salud, independientemente de su situación.

SATSE recuerda que la transferencia por parte del Gobierno a las comunidades autónomas de la sanidad penitenciaria es una “asignatura pendiente” desde hace más de 30 años, cuando así lo dispuso la Ley 14/1986, General de Sanidad. Posteriormente, el Real Decreto 190/1996, de Reglamento Penitenciario, también abogó por su participación en el Sistema Nacional de Salud.

En similares términos, la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud estableció que los servicios sanitarios dependientes de instituciones penitenciarias debían ser transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud en un plazo de 18 meses. Desde esta norma más reciente han trascurrido ya doce años, apunta el Sindicato.

Con el mismo objetivo, se han presentado también a lo largo de los años distintas iniciativas parlamentarias, siendo la última aprobada una moción en el Senado, en octubre de 2016, que contó con el apoyo de todos los grupos políticos presentes en la Cámara.

Por su parte, SATSE ha impulsado en los últimos años distintas iniciativas y ha mantenido múltiples contactos con los responsables del Gobierno central y las consejerías de Salud, insistiendo en la necesidad de que se realice dicha transferencia para conseguir la equidad y normalización de la prestación sanitaria a los internos y que, de manera paralela, se mejoren las condiciones laborales de las enfermeras y enfermeros que trabajan en los centros penitenciarios.


En la actualidad, se da la circunstancia de que coexisten dos sistemas sanitarios públicos que están desarrollando sus funciones de forma paralela, duplicando, en ocasiones, recursos, y que no tienen todavía consolidados unos canales de comunicación y coordinación adecuados, apuntan desde la organización sindical.

Un ejemplo muy claro, para SATSE, es el hecho de que no se comparte la historia clínica con el resto de la sanidad pública, por lo que los profesionales de los centros penitenciarios desconocen las patologías del preso al ingresar y a los de los servicios de salud les ocurre lo mismo cuando éste deja la cárcel, con los déficits y riesgos que ello conlleva para los pacientes y los propios profesionales sanitarios.

Además de en distintos escritos a los responsables del Ministerio de Interior y Sanidad, así como a los consejeros del ramo, este asunto fue abordado en una reciente reunión entre el presidente de SATSE, Manuel Cascos, y el secretario de Estado, José Antonio Nieto, coincidiendo ambos en la necesidad de que los internos tengan el mismo derecho de acceso y prestaciones sanitarias que cualquier otro ciudadano.

Desde SATSE también se demanda que el proceso de transferencias debe contemplar la dotación de las partidas presupuestarias necesarias para la asunción por parte de las distintas comunidades autónomas del personal transferido, el cual se equipararía salarial y laboralmente al personal estatutario del servicio de salud correspondiente. A partir de ese momento, se negociarán sus condiciones laborales y derechos en los mismos ámbitos que el resto del personal estatutario, añade.

En la actualidad, los profesionales de Enfermería que trabajan en los centros penitenciarios, dependen del Ministerio del Interior en todas las comunidades autónomas, salvo en Cataluña, que tiene la competencia desde 2006, y Euskadi, desde 2011.