La diputada del PSOE por Córdoba María Jesús Serrano ha pedido al Gobierno del PP que suprima la tasa de 60 euros que la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, está cobrando por la regularización de inmuebles en la provincia de Córdoba.
Serrano ha informado que el PSOE ha registrado una Proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados en la que insta a la Dirección General del Catastro que suprima dicha tasa o que aplique una reducción que se ajuste al coste real del servicio.
La diputada socialista ha explicado que la Dirección General del Catastro ha contratado a varias empresas privadas para llevar a cabo las inspecciones en todos los municipios del territorio nacional y contrastar si las altas, bajas o modificaciones catastrales de los bienes inmuebles han sido comunicadas al Catastro.
María Jesús Serrano ha considerado que las inspecciones llevadas a cabo adolecen del rigor suficiente, ya que se han realizado únicamente mediante fotografías de vuelo aéreo e imágenes de fachada, sin personarse la empresa en los inmuebles afectados, unos medios que no se corresponden al valor de la tasa impuesta de 60 euros.
En cualquier caso, la diputada socialista ha indicado que “compartimos la actualización catastral y los principios de igualdad social y fiscalidad progresiva, esto es, que pague más quien más tiene, pero entendemos que este exceso de celo y falta de rigor con el que se ha aplicado el procedimiento de regularización catastral provocará un grave perjuicio a los vecinos de Córdoba y provincia, que verán incrementarse sus recibos de IBI con efectos desde la fecha en que realizaron la obra en su inmueble”.
Por todo ello, desde el PSOE se considera que, además de una supresión o reducción de la tasa de 60 euros, es necesario que la Dirección General del Catastro exija a la empresa inspectora que asuma de forma íntegra la tramitación y gestión de los expedientes y que atienda de forma individualizada las dudas y reclamaciones de los vecinos afectados, “porque no es lógico que los ayuntamientos afectados por la regularización tengan que sufragar un coste adicional para que la empresa que ha realizado la inspección pueda atender a todos los vecinos”.
Del mismo modo, Serrano ha pedido que “en los casos en que se produzcan discrepancias en la valoración de la alteración catastral, el personal técnico de la empresa inspectora pueda realizar una visita in situ del inmueble con el fin de contrastar la falta de concordancia entre la realidad física y los datos que posee el Catastro”.
Por último, desde el PSOE se ha reclamado que los incrementos en la tributación del IBI derivados de la alteración catastral se produzcan desde la determinación de los valores catastrales actuales y no se aplique una retroactividad de cuatro años o desde la fecha de la realización de la obra.

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