Desde el pasado 18 de Julio de 2007 el Excmo. Ayuntamiento de Peñarroya Pueblonuevo y la gerencia territorial del catastro tienen firmado un convenio de colaboración para el intercambio de información para tener actualizadas las alteraciones que puedan producirse en los inmuebles de nuestra localidad. Aun así nos vemos inmersos en un procedimiento de regularización catastral donde el 65% de los inmuebles han visto incrementado su valor catastral de manera aleatoria y sin rigor técnico, encontrándonos a un equipo de gobierno de espalda mirando la recaudación que recibirán gracias a este impuesto abusivo que saldrá del bolsillo de las vecinas y vecinos de nuestra ciudad.
En el pleno municipal del mes de mayo se llevaba dentro del orden del día un convenio para la reprobación del acuerdo con algunas modificaciones que no obtuvo la conformidad de Unión Demócrata Peñarriblense ya que se incluían cláusulas de colaboración teniendo el consistorio que realizar actuaciones en la investigación de los hechos, actos, negocios y demás circunstancias que originen una incorporación en el catastro inmobiliario siendo el personal técnico municipal el encargado de emitir informes técnicos referidos a las alegaciones que se presenten en la propuesta de regularización y colaborando en la contestación de los recursos de reposición que se interpongan en los expedientes tramitados.
Estando los ciudadanos inmersos en el procedimiento de regularización tuvieron que hacer frente al pago de una tasa de 60€ por la realización del expediente de su inmueble para según esta gerencia adecuarlo a la realidad. No entendemos como el equipo de gobierno carga la tarea de asumir esta responsabilidad a la oficina técnica del Ayuntamiento que no cuenta con personal suficiente para asumir una labor realizada de manera errónea y sin un juicio objetivo por la empresa encargada por la gerencia territorial del catastro que recordemos que facturaba a razón de los expedientes tramitados. El equipo de gobierno (PSOE) en vez de encabezar esta negativa y exigir de una vez la paralización del procedimiento aprueba con el voto a favor de su socio político (IU) las modificaciones y aprobación de este convenio argumentando que se trata de una manera de acercar la administración a los ciudadanos. Pero no nos engañemos, no se trata de acercar la administración al ciudadano sino de liberar al catastro de las tareas de contestación de los recursos realizados.
Desde UDPñ instamos a nuestro vecinos a que sigan realizando sus alegaciones para poder de manifiesto los errores en las mediciones realizadas por el catastro y consentidas por el actual alcalde José Ignacio Expósito que nos acusa de hacer caja a razón de la ayuda que prestamos a los vecinos que se acercan por nuestra sede social siendo el él único que cobra un sueldo sin defender los intereses de nuestro pueblo.

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